07/03/2022 / Exitosa Noticias / Política / Actualizado al 09/01/2023
Atención. Este lunes, la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales llevó a cabo la audiencia de la denuncia contra el expresidente interino Manuel Merino De Lama y expremier Antero Flores-Aráoz por los hechos suscitados en la pasada 'Marcha Nacional' del 14 de noviembre del 2020 contra el Gobierno de turno.
Asimismo, a esta audiencia de la denuncia constitucional nro. 132 también alcanzó al exministro del Interior, Gastón Rodríguez Limo.
A ellos se les acusa de ser presuntos autores, por omisión impropia, del delito de homicidio, en agravio de Inti Sotelo Camargo y Jack Bryan Pintado Sánchez, y por los supuestos delitos de lesiones graves y leves, a título de dolo eventual, en agravio de Fermín Marlon Cruz Ances y otros, tipificados en el Código Penal.
La denuncia constitucional 132 fue formulada por la fiscal de la Nación, Zoraida Ávalos Rivera, y asignada al congresista Alejandro Cavero Alva (Avanza País) quien se encargó de exponer brevemente el informe de determinación de hechos y pertinencia de pruebas, presentado el miércoles 23 febrero.
Dijo que se sustenta por los cargos que ocuparon los denunciados, quienes pudieron o debieron tomar las medidas necesarias para evitar la muerte de Inti Sotelo y Bryan Pintado.
Por la parte denunciante participó el fiscal adjunto supremo Ludgardo Ramiro Gonzales Rodríguez quien subrayó que los hechos materia de la denuncia se suscriben cuando los denunciados ejercían altos cargos que tenían la obligación de velar por los derechos humanos
“No se les está imputando la muerte y las lesiones a título de acción, no se les está imputando la acción, lo que se les imputa es no haber evitado esos resultados teniendo la posibilidad de cambiar el curso de los sucesos y eso implica una responsabilidad”, refirió.
Entre los argumentos, dijo que cuando el ministro del Interior asume el cargo ya se tenía conocimiento de que se estaban produciendo movilizaciones en Lima. También señaló que se hizo uso desproporcionado de la fuerza pública en el control de manifestaciones.
“Se exhortaba un uso racional de la fuerza pública a través de llamados de organismos internacionales, lo cual implica no haber actuado dentro de los estándares nacionales e internacionales de intervención policial” dijo el letrado.
Finalmente, advirtió que es deber del Estado garantizar los derechos humanos y garantizar el derecho al ejercicio de la libre protesta. Además, la Convención de Derechos Humanos y el Pacto de San José respaldan el derecho de la protesta. “Hubo un contexto en la protesta donde se vulneraron los derechos humanos”, agregó.
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