22/03/2019 / Exitosa Noticias / Política / Actualizado al 09/01/2023
Un grave perjuicio económico por más S/ 38 millones (más de diez millones de dólares) es producto de las graves irregularidades en la suscripción de una adenda y la ejecución de obras de la autopista Puno-Juliaca, que forma parte del tramo 5 del Corredor Vial Interoceánico Sur que une las ciudades de Matarani, en Arequipa; Ilo en Moquegua y Azángaro en la región Puno.
La importante vía tiene una extensión de 50 kilómetros y demandó una inversión de S/ 295,16 millones.
La Contraloría General de la República (CGR) detectó esta seria irregularidad, llegando a determinar que 13 funcionarios que se desempeñaban en el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) en calidad de concedente, y Provías Nacional, como unidad ejecutora, no cumplieron con cautelar adecuadamente los intereses del Estado peruano, por lo cual se deberá asumir una presunta responsabilidad penal y administrativa.
De acuerdo a la información proporcionada por la CGR, este es el resultado de la Auditoría de Cumplimiento de las labores realizadas durante el período que comprende el 1° de enero de 2013 hasta el 30 de abril de 2018, al Ministerio de Transportes y Comunicaciones y al Organismo Supervisor de la Inversión en Infraestructura de Transporte de Uso Público - Ositran.
Es decir, la labor de la Contraloría se realizó durante las administraciones de los presidentes Ollanta Humala Tasso y Pedro Pablo Kuczynski.
Observaciones
Entre las observaciones formuladas por la Contraloría se encontró que, al suscribir la adenda N° 3 y dar inicio a la ejecución de la segunda calzada, ubicada de manera paralela a la calzada o pista existente, se incumplió con la normativa de Evaluación de Impacto Ambiental, que contemplan las normas de las Asociaciones Público-Privadas (APP) y el Contrato de Concesión.
Las obras se ejecutaron “sin contar con la Certificación Ambiental correspondiente para prevenir impactos negativos en el medio ambiente y daños a restos arqueológicos”, lamentablemente, se comprobó que se había dañado un camino prehispánico.
Adicionalmente, se suscribió un acuerdo temporal para iniciar trabajos preliminares de la segunda calzada, antes de que se suscribiera la adenda, entre el MTC y la concesionaria, lo que permitió que se asumieran obligaciones y compromisos que no habían estado previstos en el contrato de concesión. Hasta la fecha no se ha concluido la segunda calzada.
Carretera de la coima
A través de las investigaciones del equipo especial de fiscales que lidera Rafael Vela y José Domingo Pérez y con el testimonio de los colaboradores eficaces se ha logrado establecer de manera preliminar que la Interoceánica Sur se convirtió en una megaobra cuyo precio fue escandalosamente dimensionado para pagar millonarios sobornos en los gobiernos de Alejandro Toledo, prófugo de la justicia en Estados Unidos, y Alan García, con impedimento de salida del país.
