10/12/2021 / Exitosa Noticias / Actualidad / Actualizado al 09/01/2023
La Procuraduría del Gobierno Regional de Arequipa (GRA) con apoyo de la Policía Nacional del Perú y personas contratadas, desalojó la mañana de ayer a más de un centenar de pobladores, que agrupados en las asociaciones de vivienda Los Ángeles y Señor de la Amargura invadieron terrenos de propiedad del Estado en la parte alta del distrito de Paucarpata, en la zona conocida como El Cebollar.
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Al promediar las 5 de la mañana, funcionarios de la Procuraduría llegaron hasta el lugar llevando maquinaria pesada para derribar las viviendas que allí se habían construido, algunas de ellas solo de madera y calaminas, mientras que otros ya eran de cemento y bloquetas, incluso con tanques Rotoplas para almacenar agua.
Asimismo, un grupo de personas contratadas para realizar el desalojo, en su mayoría de nacionalidad venezolana, procedieron a retirar algunas de las pertenencias de los posesionarios llegando a producirse enfrentamientos verbales y empujones entre ambos grupos.
Los pobladores de la asociación Los Ángeles, quienes dijeron tener una posesión de más de 7 años, responsabilizaron del desalojo a las personas de Rosalio Huaricallo y María Cari, quienes desde hace varios años atrás se disputan la dirigencia de este pueblo, llegando a desprestigiarse entre sí ante las autoridades regionales.
“De esto tiene la culpa la señora María, ella es la que está en pelea con el señor Huaricallo, seguro ella es la que ha pedido que nos desalojen diciendo que estamos en área verde cuando aquí no hay nada, y nosotros necesitamos un lugar donde vivir”, manifestó uno de los invasores.
◼ Buscan formalización
A su turno, los pobladores de la asociación Señor de la Amargura señalaron que ellos se encuentran en posesión de los terrenos del estado desde el 2013 y venían encaminando sus gestiones para lograr su formalización bajo la ley N° 31056 que amplía los plazos de titulación hasta el 31 de diciembre del 2015.
“Nos parece que han cometido una equivocación con nosotros porque tenemos 7 años de posesión y estamos buscando la formalización como dice la ley. Es un abuso que están cometiendo con nosotros”, dijo un poblador de esta asociación.
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