Preocupante
30/12/2025 / Exitosa Noticias / Actualidad / Actualizado al 30/12/2025
El Perú enfrenta un nuevo problema legal en el extranjero, pues un juez federal de Estados Unidos declaró al Estado peruano en rebeldía procesal por no pagar 91 millones de dólares fijados por un arbitraje internacional.
Caso Aeropuerto de Chinchero
Se trata de un arbitraje que el Perú perdió contra Kuntur Wasi, un concesionario que estuvo encargado de la construcción del Aeropuerto del Chinchero, en Cusco. El contrato había sido adjudicado en 2014 y modificado en 2016, pero en 2017 el Estado decidió cancelar la concesión, aduciendo motivos que consideró desfavorables en las adendas firmadas.
Según el documento, el magistrado del Tribunal de Columbia, Richard León, "el Perú nunca compareció ni presentó contestación ni otro escrito". Por ello, se confirmó la validez del laudo arbitral realizado por el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones del Banco Mundial (CIADI) en 2024.
Cabe señalar que en mayo, el mismo tribunal estadounidense había declarad en rebeldía al país, la decisión habilitaba a la empresa demandante a iniciar acciones de embargo y otras medidas legales sobre los activos del Estado para recuperar el dinero.
Historia del conflicto
El consorcio Kuntur Wasi, estuvo integrado por la peruana Andino Investment Holding y la argentina Corporación América, que obtuvo la concesión del aeropuerto de Chinchero bajo contrato con el Estado peruano. La modificación contractual del 2016 fue cuestionada por el Gobierno de aquel entonces, que en 2017 decidió resolver el contrato.
La decisión fue tomada por Kuntur Wasi como arbitraria e injustificada: "En 2017, Perú violó estos contratos al anunciar que Kuntur Wasi dejaría de participar en la construcción y operación del aeropuerto por 'razones de interés público' (...) En 2018, Kuntur Wasi envió una carta formal a Perú rescindiendo el Contrato de Concesión debido al incumplimiento de Perú".
Por ello, llevó el caso al CIADI, fue en mayo del 2024, que el tribunal determinó que la cancelación violó el contrato y ordenó al Estado peruano a pagar la indemnización correspondiente, calculada en 91,205,056 de dólares sumado a los intereses acumulados desde febrero de 2024.
El fallo significa un riesgo financiero y reputacional para el Perú, en medio de la búsqueda de reactivación de las inversiones privadas y promover las asociaciones público-privadas. Hay que señalar que la decisión se suma a una serie de pérdidas del Estado en arbitrajes y tribunales.
Es por ello que, un tribunal federal de Estados Unidos declaró al Perú como rebelde al no cumplir con el pago de una indemnización ordenada por un laudo arbitral internacional.
