Exige acción inmediata
17/05/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad / Actualizado al 17/05/2026
La Defensoría del Pueblo se pronunció sobre una grave denuncia en Huancabamba, Piura, donde madres de familia alertaron que alimentos entregados por el programa Wasi Mikuna —incluida leche evaporada— se encontraban en mal estado y no eran aptos para el consumo de los escolares de la I.E. Víctor Raúl Haya de la Torre.
El comunicado oficial, difundido este domingo 17 de mayo, subraya que la institución ya coordina con el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social (MIDIS) y exige una actuación inmediata para proteger los derechos de la infancia.
La intervención de la Defensoría
La Defensoría informó que su oficina en Piura mantiene vigilancia estricta sobre el caso y que se encuentra articulando acciones con la unidad territorial del Programa de Alimentación Escolar (PAE).
El objetivo es verificar la denuncia, garantizar sanciones ante cualquier vulneración y asegurar que los estudiantes reciban un servicio seguro. La institución fue enfática al señalar que "ninguna negligencia puede poner en riesgo la salud, la vida y el derecho a una alimentación adecuada de los niños".
La denuncia de las madres
El caso salió a la luz cuando madres de familia denunciaron públicamente que la leche distribuida tenía un color y textura alterados. Ante el riesgo de intoxicación, decidieron suspender la preparación de alimentos en el colegio. Además, acusaron al director de la institución, Jorge Quintanilla, de minimizar la queja y ejercer coerción para continuar con la preparación bajo condiciones inseguras.
La denuncia expone un problema sensible: la calidad de los insumos entregados en programas sociales destinados a escolares. El hecho de que productos lleguen en mal estado no solo genera desconfianza en la gestión del programa Wasi Mikuna, sino que también pone en evidencia la necesidad de reforzar los mecanismos de supervisión y control.
La Defensoría recordó que la alimentación escolar es un derecho fundamental y que cualquier vulneración debe ser sancionada con firmeza.
El pronunciamiento de la Defensoría del Pueblo marca un punto de inflexión en el caso de Huancabamba. Al exigir sanciones y coordinar con el MIDIS, la institución busca garantizar que los niños reciban alimentos seguros y de calidad. La intervención también envía un mensaje claro: la protección de la infancia no admite negligencias ni abusos de autoridad.
En un contexto donde la confianza en los programas sociales es vital, y donde no es la primera vez que este en particular es objeto de cuestionamientos, la vigilancia estricta y la respuesta inmediata son esenciales para restablecer la seguridad alimentaria en las escuelas.
