Se ejecutaría en cinco fases
08/04/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad / Actualizado al 08/04/2026
El ministro de Justicia y Derechos Humanos, Luis Jiménez Borra, presentó este miércoles 8 de abril el Plan Nacional de Deshacinamiento, a fin de atender la sobrepoblación penitenciaria y garantizar el orden y seguridad en todas las cárceles del Perú.
En ese sentido, el representante del Gobierno informó que cerca de 24 739 internos podrían acogerse a esta política, previa evaluación del INPE y del Poder Judicial, para lo cual, se podría aplicar una "estrategia coordinada" que considerará beneficios penitenciarios, conversión de penas, redención por trabajo, conmutaciones de pena, expulsión o traslado de ciudadanos extranjeros, gracias presidenciales, entre otros procedimientos.
¿Qué propone el Gobierno en materia penitenciaria?
A través de una conferencia de prensa brindada esta tarde, el titular del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos (MINJUSDH) indicó que la estrategia responde a un "nuevo enfoque" que integra la gestión eficiente de egresos y el reimpulso de la construcción de penales.
"Este Plan de Deshacinamiento no va a poner, en ningún caso, en peligro a la ciudadanía, no vamos a liberar a delincuentes peligrosos. Este plan se ha elaborado con el objetivo de analizar los egresos potenciales que pueden darse en los penales en mérito a la gravedad de los delitos", mencionó.
Para el eficiente cumplimiento del plan, el ministro anunció que, en coordinación con el INPE, se convocará a 500 personas para que se incorporen como agentes penitenciarios y al área de asistencia técnico - legal, con el objetivo de que se genere "más orden y control" en los penales del país.
En cuanto a la infraestructura penitenciaria pendiente, Jiménez Borra sostuvo que el plan considera el reimpulso de la construcción de 3 202 unidades de albergue en Abancay, Iquitos, Arequipa y Pucallpa.
5 000 expedientes serán presentados al PJ para su análisis
A manera de inicio del mencionado plan, el INPE presentará un primer lote de 5 000 expedientes al Poder Judicial para generar el próximo egreso de internos por delitos de menor peligrosidad.
"Como parte de esta iniciativa, el equipo técnico ha identificado fallas administrativas (expedientes incompletos, procesos manuales y lentos y falta de registros actualizados) así como judiciales (demoras en audiencias, falta de envío de sentencias e incumplimiento de plazos)", mencionó el MINJUSDH.
Es importante señalar que, la estrategia está prevista a ejecutarse en cinco fases durante los años 2026 y 2028. Es decir, en los siguientes meses se aplicará la fase dos, en la cual se considerará casos complejos, donde se determinará la semilibertad o libertad condicional de los presos.
Asimismo, en la fase tres se evaluará la situación de los ciudadanos extranjeros, así como la vigilancia electrónica, y las fases cuatro y cinco se abordará la digitalización y la institucionalización de este modelo propuesto por el Ejecutivo.
Desde el MINJUSDH apuestan a darle prioridad a esta problemática que no solo pone en peligro la seguridad y derechos humanos de los reclusos.
