Presunta red de corrupción
02/07/2025 / Exitosa Noticias / Judiciales / Actualizado al 02/07/2025
La Fiscalía Supraprovincial Corporativa Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios (Noveno Despacho) solicitó al Poder Judicial la ampliación de la medida de impedimento de salida del país por 36 meses contra Fredy Hinojosa, Oliver Burga, Víctor Salazar, Alejandro Mendiola y Paul Burga.
¿Quiénes están bajo la lupa de la Fiscalía?
Todos ellos son investigados por los presuntos delitos de organización criminal, cohecho pasivo genérico, cohecho propio e impropio, tráfico de influencias, entre otros, en el marco del escándalo que envuelve al programa estatal de alimentación escolar Qali Warma.
Del mismo modo, la Fiscalía requirió que se imponga por el mismo plazo (36 meses) el impedimento de salida del país para Noemí Alvarado, Melvin Claros, Julissa Michelini, Erick Arones y Víctor Delgado, también investigados en esta presunta red de corrupción que involucra a funcionarios y empresarios.
En paralelo, la medida restrictiva fue solicitada por cuatro meses para once testigos clave en la investigación: Gladys Ramírez, María Lino, Jerrold Gavidia, Hilmar Espinoza, Inés Cribillero, Jesús Flores, Carloman Vivaque, Kelly Janampa, Kevin Salon, Llony Ramírez y Carlos Rodríguez.
La gravedad del caso ha motivado a las autoridades a tomar estas acciones preventivas mientras se desarrollan las investigaciones sobre los hechos que habrían comprometido la salud de miles de escolares en todo el país.
¿Qué revelan las investigaciones sobre Frigoinca y la red de sobornos?
A las 4:30 de la madrugada del viernes 20 de junio, agentes judiciales llegaron al distrito limeño de Jesús María para ejecutar la detención de Michael Burga Farro, director comercial de la empresa Frigoinca, señalada como pieza clave en la red de corrupción. "Voy a llamar a mi abogado", atinó a decir antes de ser detenido por orden judicial.
Frigoinca, proveedora de alimentos del programa Qali Warma, está acusada de haber sobornado a funcionarios públicos para lograr que sus conservas "Don Simón" fueran distribuidas en colegios estatales, pese a las sospechas sobre su calidad sanitaria.
Las investigaciones revelan una estructura organizada de corrupción, cimentada en pagos ilícitos y coordinaciones clandestinas. Todo salió a la luz tras el análisis del celular de Noemí Alvarado, identificada como la "operadora de los sobornos".
Mensajes y transferencias bancarias permitieron reconstruir el modus operandi de una presunta organización criminal con alcance nacional, que habría puesto en riesgo la salud de miles de niños peruanos por intereses económicos.
