Ocurrido en 2021
14/07/2025 / Exitosa Noticias / Judiciales / Actualizado al 14/07/2025
La Séptima Fiscalía Superior Penal de Cercado de Lima-Breña-Rímac-Jesús María consiguió una sentencia de 14 años de prisión contra el suboficial de la Policía Nacional del Perú (PNP), Paulo Pérez, por el asesinato del vigilante Jonattan Inga, ocurrido en 2021 dentro de un hotel ubicado en el distrito limeño de Lince.
El caso se remonta al 2021, cuando Pérez se hospedaba en el cuarto piso del establecimiento junto a Karla Ordinola. Según la investigación, en la habitación se escucharon gritos y golpes a causa de una pelea entre la pareja, lo que llevó al vigilante a intervenir para restablecer el orden.
¿Cómo ocurrieron los hechos?
De acuerdo con la fiscal adjunta superior Luz Isabel Liberato Conde, al llegar al piso donde se encontraba la pareja, Jonattan Inga recibió un disparo en el pecho propinado por Paulo Pérez. La víctima falleció de inmediato.
Tras el crimen, el administrador del hotel alertó a la Policía. Pérez escondió su arma personal en un mueble de la habitación e intentó negar su responsabilidad frente a sus colegas. La acompañante, Karla Ordinola, también negó que el efectivo policial hubiera disparado, buscando encubrirlo.
¿Qué decisiones tomó la justicia?
El Ministerio Público solicitó inicialmente 22 años de prisión para Pérez. En primera instancia, el Poder Judicial dictó una condena de 17 años. Sin embargo, la defensa del acusado presentó un recurso de nulidad, argumentando que el efectivo actuó bajo los efectos del alcohol. La Corte Suprema evaluó el caso y finalmente redujo la pena a 14 años de prisión efectiva.
Asimismo, Karla Ordinola fue condenada a dos años de pena suspendida por el delito de encubrimiento real en agravio del Estado. Como parte de la sentencia, se fijó el pago de S/ 100 000 por concepto de reparación civil a favor de los familiares de Jonattan Inga y un monto adicional de S/ 5000 para el Estado.
Con esta sentencia, se reafirma el compromiso de las autoridades en sancionar los delitos cometidos incluso por miembros de la Policía Nacional del Perú. La decisión también refuerza la importancia de garantizar justicia para las víctimas y sus familias, quienes ahora contarán con una reparación económica como parte del fallo.
