Soldados bajo investigación
08/06/2026 / Exitosa Noticias / Judiciales / Actualizado al 08/06/2026
La Primera Fiscalía Supraprovincial Especializada en Derechos Humanos de Junín hizo el pedido de 18 meses de prisión preventiva para los ocho miembros del Ejército. Esto se da tras las muertes de cinco jóvenes en un operativo en Colcabamba el pasado 25 de abril.
El proceso judicial y la tesis fiscal
Según el comunicado difundido en sus plataformas digitales, los militares vienen siendo investigado por el presunto delito de homicidio calificado. Asimismo, la tesis fiscal señala que el operativo no se trató de un enfrentamiento, sino de un exceso en el uso de la fuerza contra los ciudadanos.
El Poder Judicial deberá evaluar cuales son los elementos necesarios para dictar la medida coercitiva. La fiscalía busca que los denunciados se mantengan sujetos al proceso penal de manera efectiva, evitando cualquier tipo de obstaculización que pueda poner en riesgo la búsqueda de justicia para los agraviados y familiares.
Esta investigación ha cobrado relevancia al cuestionarse la versión inicial del Comando Especial VRAEM, mientras la institución militar hablaba de una legítima defensa, la fiscalía especializada priorizó la recolección de indicios para determinar que fue lo que ocurrió el 25 de abril en Colcabamba.
Acciones forenses y situación de los agraviados
La fiscalía especializada continúa ejecutando diversas diligencias en el lugar, incluyendo inspecciones en el vehículo atacado. Estas diligencias buscan esclarecer la trayectoria de los proyectiles y verificar si las víctimas estaban armadas, contradiciendo la versión de los uniformados.
Esto garantiza un procedimiento riguroso para la recolección de pruebas, protegiendo los derechos de las familias de los fallecidos, quienes ahora son reconocidos oficialmente como parte agraviada.
La defensa de los sobrevivientes ha señaló que las primeras declaraciones fueron obtenidas bajo coacción en el lugar de los hechos. Estas denuncias han sido integradas en el expediente fiscal para que el juez analice la conducta de los militares durante las primeras horas posteriores al incidente armado en Tayacaja.
La resolución del Poder Judicial será determinante para el futuro del proceso legal. La sociedad civil y organizaciones de derechos humanos se mantienen alertas sobre la decisión que tomará el juzgado encargado, esperando que el principio de proporcionalidad sea el eje central en la evaluación de la prisión preventiva.
El avance de esta investigación contra los ocho militares por el caso Colcabamba demuestra la importancia de la prisión preventiva que busca esclarecer el uso desproporcionado de la fuerza en el operativo que causó cinco civiles fallecidos.
