12/12/2025 / Exitosa Noticias / Judiciales / Actualizado al 12/12/2025
El caso "Los Waykis en la Sombra" entra en una fase decisiva. El próximo 6 de enero de 2026, el juez Richard Concepción Carhuancho evaluará el pedido de Nicanor Boluarte, hermano de la expresidenta Dina Boluarte, para anular la imputación por organización criminal en su contra.
Este pedido responde a la investigación preparatoria que Boluarte enfrenta por el presunto delito de tráfico de influencias y cohecho activo genérico.
¿Qué argumenta la defensa de Nicanor?
La defensa sostiene que los hechos no cumplen con los parámetros de la Ley 32108, que define qué constituye una estructura criminal.
Según afirman, no existiría una jerarquía compleja, los delitos atribuidos no superan los seis años de pena privativa de libertad y las acciones carecen de permanencia operativa. En resumen, plantean que se trata de actos individuales y no de una red organizada.

¿Qué sostiene la Fiscalía?
Por su parte, el Equipo Especial de Fiscales contra la Corrupción en el Poder y la Procuraduría Pública Especializada en Delitos de Corrupción afirman que sí existió una articulación orientada a obtener beneficios indebidos mediante gestiones vinculadas a nombramientos y designaciones en el aparato estatal.
La discusión central será si se trató de una red con roles definidos y continuidad delictiva, o de simples actos aislados.

La audiencia se produce tras un mandato de la Quinta Sala Penal de Apelaciones Nacional, que anuló en noviembre la resolución previa de Carhuancho y ordenó emitir un nuevo pronunciamiento debidamente fundamentado.
El fallo que se conozca en enero será determinante: si se archiva el delito de organización criminal, el caso se debilita; si se mantiene, la Fiscalía seguirá adelante con los tres cargos imputados.
Bajo comparecencia
En paralelo, la Sala Penal Permanente de la Corte Suprema rechazó el recurso de casación de la Fiscalía y confirmó que Nicanor Boluarte continuará afrontando el proceso bajo comparecencia simple, en lugar de prisión preventiva.
El tribunal cuestionó la redacción de las leyes contra el crimen organizado, señalando que su complejidad dificulta la probanza del delito, aunque reconoció su presunción de legitimidad constitucional.
Este fallo mantiene a Boluarte en libertad mientras avanza la investigación, pero también reabre el debate sobre la eficacia de las reformas legislativas en materia de crimen organizado.
El caso Waykis en la Sombra se perfila como un punto de inflexión judicial y político. La audiencia del 6 de enero y el fallo de la Corte Suprema configuran un escenario donde se decidirá si se consolida la tesis fiscal de una red criminal o si se reduce a actos individuales.
La expectativa pública es alta: el desenlace marcará no solo el futuro procesal de Nicanor Boluarte, sino también la narrativa política rumbo al 2026.

