Justicia actuaría rápido
13/05/2026 / Exitosa Noticias / Judiciales / Actualizado al 13/05/2026
La situación judicial de Roberto Sánchez, congresista y actual candidato presidencial de Juntos por el Perú, se ha convertido en uno de los temas más delicados de la coyuntura política durante esta semana.
La Fiscalía ha solicitado más de cinco años de prisión efectiva y la inhabilitación definitiva para ejercer cargos públicos, acusándolo de responsabilidad en la entrega de información incorrecta a la ONPE durante la campaña electoral. El caso se encuentra en etapa intermedia, donde se evalúa si la acusación tiene la solvencia suficiente para abrir juicio oral.
En este contexto, las consecuencias jurídicas podrían impactar directamente en su carrera electoral, incluso antes de que se defina el proceso en segunda vuelta para es cual falta ya menos de un mes.
Sánchez es responsable de los aportes declarados
En diálogo con Exitosa, el abogado penalista Julio Rodríguez advirtió que las consecuencias para Sánchez "pueden ser gravísimas". Según explicó, el tipo penal es claro y persigue a jefes de campaña, líderes de partidos y candidatos, por lo que no habría vacío legal que lo exima de responsabilidad.
Rodríguez cuestionó la defensa de Sánchez, que alega desconocer los aportes mal consignados pese a que su firma aparece en los documentos.
"Ese argumento se puede utilizar, pero otra cosa es que tenga credibilidad. Es muy burdo: si la persona firmó, se hace responsable de lo que firma, no hay otra alternativa", señaló.
Inhabilitación y ejecución inmediata
El penalista subrayó que, de ser sentenciado, Sánchez podría quedar inhabilitado para ejercer cualquier cargo público, lo que implicaría dificultades tanto en su candidatura como en una eventual toma de mando en caso saliera electo.
"La regla es clara: eventualmente la pena puede suspenderse, pero las medidas que van aparejadas se pueden ejecutar inmediatamente. Incluso la pena privativa de la libertad se puede ejecutar de inmediato", afirmó.
Rodríguez recordó que el caso está en etapa intermedia, donde se discute si la acusación tiene la fuerza suficiente para abrir juicio. Una vez iniciado el proceso y dictada una sentencia, las consecuencias jurídicas deben aplicarse sin demora.
"La pena supera los cinco años, y por lo tanto, si deciden ejecutarla, esta persona tendrá que ir presa", puntualizó.
El análisis de Julio Rodríguez deja en claro que el futuro político de Roberto Sánchez depende directamente de la justicia. La posibilidad de que una sentencia en primera instancia ejecute de inmediato la pena privativa de libertad y la inhabilitación definitiva convierte este caso en un punto de quiebre.
Más allá de la campaña electoral, el proceso judicial podría redefinir su destino político y marcar un precedente sobre cómo la justicia peruana actúa frente a líderes en plena contienda electoral.
