Expulsión masiva
24/08/2026 / Exitosa Noticias / Mundo / Actualizado al 24/08/2026
El presidente de Colombia, Abelardo de la Espriella, anunció la expulsión inmediata de migrantes en situación irregular, una decisión que marca un giro en la política migratoria del país y que impactará principalmente en la población venezolana, la más numerosa dentro del territorio colombiano.
La orden fue dada durante un consejo de seguridad en Barranquilla y ya genera debate sobre el enorme impacto social e implicancias humanitarias que ello convellaría.
Deportación para todo irregular
De la Espriella fue enfático al señalar que no aceptará la permanencia de extranjeros sin documentación regular, y que la prioridad será deportar a quienes estén vinculados con delitos. La instrucción fue dirigida a Migración Colombia y a la Policía Nacional, que deberán coordinar operativos para identificar y retirar a los migrantes irregulares.
"Es una decisión política y administrativa que asumo personalmente", declaró el mandatario, subrayando que la medida busca reforzar el orden y la seguridad interna, priorizando primero la búsqueda y expulsión de migrantes vinculados con delitos y, posteriormente, pasar por aquellos que no cuenten con documentación regularizada.
Venezolanos, los más preocupados
Las cifras oficiales muestran la magnitud del impacto: en Colombia residen aproximadamente 2,8 millones de venezolanos, de los cuales 527 mil adultos se encuentran en condición irregular, además de 193 mil menores de edad que también forman parte de esa población vulnerable.
En total, son cerca de 848 mil personas las que no han logrado regularizar su situación migratoria. Aunque la orden presidencial aplica a todos los extranjeros, la gran mayoría de afectados son venezolanos, reflejo de la crisis migratoria que se arrastra desde 2015.
La decisión ha generado preocupación en organizaciones de derechos humanos, que advierten sobre el riesgo de deportaciones masivas sin considerar las condiciones de vulnerabilidad de miles de familias. En particular, los menores de edad representan un grupo dependiente de programas de asistencia social y escolarización en Colombia.
El anuncio también pone sobre la mesa una discusión política, donde sectores oficialistas respaldan la medida como un paso necesario para recuperar el control migratorio, y voces críticas señalan que podría agravar la crisis humanitaria y tensar las relaciones bilaterales con Venezuela.
En las calles, la noticia ha generado incertidumbre entre comunidades migrantes que temen ser deportadas pese a llevar años asentadas en el país.
Así, la orden de De la Espriella marca un cambio de rumbo en la política migratoria colombiana, que hasta ahora había apostado por programas de regularización. El reto para el Gobierno será ejecutar la medida sin vulnerar derechos fundamentales y sin desatar una crisis social que afecte tanto a migrantes como a las comunidades que los acogen.
