Seguridad ciudadana
05/09/2025 / Exitosa Noticias / Política / Actualizado al 05/09/2025
El Pleno del Congreso aprobó, con 109 votos a favor y en segunda votación, la norma que promueve la colaboración de los gobiernos regionales y locales con la Policía Nacional del Perú (PNP).
Esta iniciativa busca fortalecer la lucha contra la inseguridad ciudadana al permitir que las entidades subnacionales inviertan de manera directa en infraestructura, bienes y servicios destinados a las unidades policiales, sin los engorrosos trámites que hasta ahora retrasaban su implementación.
La propuesta, sustentada por la presidenta de la Comisión de Descentralización, Ana Zegarra Saboya (Somos Perú), recayó en el Proyecto de Ley N.° 8453/2023-CR.
La congresista explicó que, a diferencia de la actual Ley 29010, que exige convenios con el Ministerio del Interior, el nuevo marco legal permitirá que los acuerdos se realicen directamente con las regiones policiales, acelerando la cooperación.
Situación crítica del equipamiento policial
Durante el debate en el hemiciclo, Zegarra advirtió que el parque automotor de la PNP enfrenta un grave deterioro, ya que casi el 50 % de las camionetas y el 40 % de las motocicletas se encuentran inoperativas. Esta situación limita de manera significativa la capacidad de respuesta frente a la criminalidad en todo el país.
Por ello, la parlamentaria subrayó la urgencia de facilitar la participación de los gobiernos subnacionales en la mejora de la infraestructura y el equipamiento policial.
Con la nueva norma, los municipios y gobiernos regionales podrán destinar recursos a obras como la reparación de patrulleros, el mantenimiento de comisarías o el arreglo de vehículos, sin depender de trámites centralizados.
El congresista Américo Gonza (Perú Libre), autor del proyecto, respaldó esta medida señalando que la iniciativa simplificará la intervención de los gobiernos regionales y locales en apoyo a la PNP, lo que contribuirá a enfrentar de manera más efectiva el problema de la inseguridad ciudadana.
Regulación y alcances de la norma
El nuevo marco legal establece que las entidades subnacionales podrán colaborar con la PNP mediante obras de infraestructura o adquisición de bienes y servicios, con la excepción de armas de fuego o municiones. Asimismo, se exige que los convenios especifiquen con claridad el destino de los recursos, los responsables de su uso y las condiciones de devolución en caso de incumplimiento.
En las disposiciones finales, se establece que el Poder Ejecutivo deberá reglamentar la ley en un plazo máximo de 30 días hábiles, mientras que el Ministerio del Interior contará con 60 días para adecuar su normativa interna.
Además, se deroga la Ley 29010, reemplazándola por este nuevo marco que busca una mayor articulación con las regiones policiales.
Con esta decisión, el Congreso da un paso hacia la consolidación de la cooperación interinstitucional y dota a la Policía Nacional de mayores recursos para responder a la creciente demanda ciudadana de seguridad en todo el territorio nacional.
