Propuesta legislativa
17/07/2023 / Exitosa Noticias / Política / Actualizado al 17/07/2023
El parlamentario de la bancada de Avanza País, Diego Bazán, presentó ante el Congreso de la República un proyecto de ley que busca reestructurar los órganos de alta dirección del Instituto Nacional Penitenciario (INPE).
La propuesta legislativa busca otorgar mayor proactividad y participación a los entes del sistema de administración de justicia y dotarle de mayor eficiencia en sus labores.
Consejo Directivo
Según el Proyecto de Ley N° 05566/2022-CR, el consejo directivo, que actualmente se conforma por un presidente ejecutivo y representantes de los ministerios de Justicia y Derechos Humanos, Trabajo y Promoción del Empleo, Educación y Salud, sería cambiado por los representantes del:
- Ministerio de Justicia y Derechos Humanos (Minjusdh), quien ejercería la Presidencia Ejecutiva del INPE.
- Ministerio del Interior (Mininter).
- Poder Judicial (PJ).
- Ministerio Público.
- Policía Nacional del Perú (PNP).
Estos miembros serán propuestos por los titulares de cada institución y designados por un período de cuatro años. En relación a los representantes del PJ y de la Fiscalía, estos son propuestos de preferencia entre exjueces y exfiscales que se hayan desempeñado en la especialidad penal, crimen organizado y otras afines.
Nuevos requisitos
Otra novedad es que para ser miembro del consejo directivo se requeriría tener título profesional de abogado, psicólogo, sociólogo y/o carrera afín a la función y gestión del cargo a desempeñar.
Asimismo, deberá de contar con una experiencia profesional no menor de ocho años, acreditar no menos de tres años en cargos de gerencia, dirección, coordinación, despacho judicial o fiscal, gestor de grupo o equipo en actividades afines al cargo.
Otro cambio que propone es que el PJ, Ministerio Público, Minjusdh, Mininter, PNP e INPE conformen una Comisión de Análisis y Evaluación de Seguridad de Riesgo Criminal Inminente.
Esta realizará reuniones de coordinación en forma mensual, a fin de evaluar en forma constante y permanente las incidencias de peligro y riesgos inminentes producidos en los establecimientos penitenciarios a nivel nacional que produzcan impacto en la sociedad o grave amenaza a su seguridad, a fin de proponer medidas urgentes, como el traslado de internos de alta peligrosidad.
Trabajo conjunto
También se modificará los operativos en establecimientos penales. La Fiscalía y la PNP los realizarán de manera mensual y de forma inopinada las veces que consideren pertinente a nivel nacional.
Las Fiscalías de Prevención del Delito llevarán un registro de los operativos y sus respectivas incidencias, poniendo en conocimiento de las Fiscalías Penales u otras Fiscalías especializadas, en lo que corresponda en tanto existan la presunción de la comisión de hechos ilícitos.
En caso se decomisen bienes prohibidos, el Ministerio Público podrá donarlos a instituciones sin fines de lucro. En el caso que dichos objetos incautados representen un riesgo inminente o futuro para la perpetración de otros delitos, serán incinerados.
De esta manera, el proyecto de ley presentado ante el Congreso tiene como objetivo reestructurar para mejorar la gestión y seguridad del Instituto Nacional Penitenciario.
