03/11/2025 / Exitosa Noticias / Política / Actualizado al 03/11/2025
El congresista Fernando Rospigliosi, integrante de Fuerza Popular y actual titular del Parlamento, presentó un proyecto de ley que propone modificar el artículo 20 del Código Penal con el fin de eximir de responsabilidad penal a miembros de la Policía Nacional del Perú (PNP) y de las Fuerzas Armadas (FFAA) que actúen en cumplimiento de su función constitucional.
De acuerdo con el texto, la norma se aplicaría a los efectivos que, en el uso reglamentario de sus armas o medios de defensa, causen lesiones o muertes mientras protegen bienes públicos, privados o la integridad física de las personas.
El documento resalta que la iniciativa busca brindar un marco legal de respaldo a las fuerzas del orden, que actúan en contextos de alto riesgo durante manifestaciones o situaciones de alteración del orden público.

Propuesta incluye cambios sobre reparación civil
El proyecto también plantea una modificación al artículo 92 del Código Penal, la cual establecería que no corresponderá el pago de reparación civil a quienes estén exentos de responsabilidad penal bajo los numerales previstos en la norma.
En ese sentido, la reparación civil solo se aplicaría a los condenados penalmente, y no a quienes sean declarados exentos por haber actuado en el marco de sus funciones constitucionales.
Con este cambio, se busca evitar procesos judiciales y sanciones económicas a efectivos que, durante sus labores de seguridad, hayan hecho uso legítimo de la fuerza en defensa del Estado o de terceros.
Aplicación retroactiva y contexto de protestas
El proyecto de ley incluye una Disposición Complementaria Transitoria que establece su aplicación retroactiva, beneficiando a agentes denunciados o procesados por hechos ocurridos durante las manifestaciones registradas entre 2022 y 2023.
Según la exposición de motivos, la iniciativa responde al contexto de violencia y enfrentamientos ocurrido tras la destitución del expresidente Pedro Castillo y la asunción de Dina Boluarte como jefa de Estado, periodo en el cual se registraron ataques a infraestructuras públicas, bloqueos de vías y agresiones a efectivos policiales y militares.
El documento cita reportes de la Defensoría del Pueblo, que registraron 48 fallecidos y decenas de heridos durante las protestas, además de procesos judiciales abiertos contra más de 280 policías y 47 militares. El texto ahora deberá ser evaluado por las comisiones correspondientes del Congreso antes de su eventual debate en el Pleno.
