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Kenji Fujimori deberá pagarle 50 mil soles al Estado peruano tras fallo del Poder Judicial

Poder Judicial declaró hoy improcedente el pedido de Fujimori de pagar la caución de 50 mil soles con un inmueble en San Borja.

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10/03/2021 / Exitosa Noticias / Política / Actualizado al 09/01/2023

El juez supremo Hugo Núñez resolvió hoy que los excongresistas Kenji Fujimori y Bienvenido Ramírez mantengan la obligación de pagarle S/ 50 000 al Estado peruano por el caso 'Mamanivideos', donde se habría negociado la compra de votos para evitar la vacancia del entonces presidente Pedro Pablo Kuczynski en 2018.

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La disposición del magistrado alcanza también al exasesor parlamentario del menor de los Fujimori, Alexéi Toledo, a quien se le redujo el pago de S/50 000 a S/30 000.

Los tres implicados en la supuesta comisión del delito de cohecho activo genérico y tráfico de influencias en agravio del Estado peruano, pidieron entre noviembre y diciembre del año pasado que se reemplace el pago de la caución por otros inmuebles que cubran las cuantiosas cifras.

No obstante, el juez Núñez rechazó la solicitud y remarcó el pago de S/50 000 y S/30 000 como parte de la reparación civil.

“Juzgado Supremo de Investigación Preparatoria declara improcedente ofrecimiento de Kenji Fujimori, para pagar caución de 50 mil soles con un inmueble en San Borja que tiene un embargo”, se lee un comunicado oficial del Poder Judicial.

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A través de la resolución, el Juzgado Supremo de Investigación Preparatoria argumentó la decisión señalando que Kenji Fujimori sí cuenta con los recursos suficientes para poder pagar la caución impuesta en su contra, pues como congresista de la República (2016-2019) percibió un sueldo mensual de más S/15 mil soles además de otros beneficios derivados de la función parlamentaria.

De igual forma, el Juzgado estableció que Bienvenido Ramírez, quien trabaja como médico en Tumbes, y Alexéi Toledo, dueño de una empresa, también tienen con los recursos necesarios para cumplir con la obligación impuesta.

“En conclusión, los procesados cuentan con solvencia económica para poder cumplir con la obligación impuesta, al no acreditarse lo contrario. Así las cosas, las circunstancias personales de los procesados, las remuneraciones percibidas y las profesiones que ostentan, conllevan a indicar que han sido pasibles de generar ahorros y/o obtener posibilidades para obtener el monto requerido”, precisa la resolución.

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