Por caso de menores
11/02/2026 / Exitosa Noticias / Política / Actualizado al 11/02/2026
La Comisión de Ética del Congreso solicitó a la parlamentaria Milagros Jáuregui de Aguayo, de Renovación Popular, un informe detallado sobre las denuncias vinculadas al albergue La Casa del Padre.
El oficio, fechado este 11 de febrero y firmado por el presidente del grupo de trabajo, Elvis Hernán Vergara Mendoza, pide esclarecer las presuntas actuaciones relacionadas con la atención de niñas víctimas de violencia sexual y su exposición pública en actividades del centro.
El pedido surge tras la difusión de fotografías en las que se observa a Jáuregui junto a menores durante un acto religioso. Las imágenes, que circularon en medios y redes sociales, mostraban a adolescentes con bebés en brazos, lo que generó críticas por la aparente revictimización y vulneración de derechos.
La defensa de Jáuregui
La congresista negó haber expuesto a víctimas de abuso sexual y aseguró que las fotos no fueron difundidas oficialmente por el albergue. Del mismo modo, calificó la controversia como una campaña de difamación y cuestionó el origen de las imágenes.
"Nunca hicimos públicas las fotos que tomamos internamente. Las niñas estaban vestidas porque estaban presentando un coro. Ellas querían estar vestidas de la misma manera", declaró.
Cuestionamientos y denuncias
El albergue La Casa del Padre ya había sido objeto de cuestionamientos. Días antes, la activista Gahela Contreras presentó una denuncia penal contra Jáuregui por presuntas lesiones graves por afectación psicológica, acusándola de impedir el acceso al aborto terapéutico y obligar a niñas de entre 10 y 13 años, víctimas de violación, a continuar con embarazos.
En paralelo, la congresista Flor Pablo exigió que Jáuregui sea procesada en la Comisión de Ética por haber expuesto públicamente a menores abusadas, señalando que no se puede normalizar la maternidad infantil como un "caso de éxito". Pablo también insistió en la necesidad de implementar un Plan de Educación Sexual Integral para prevenir estas situaciones.
El caso de Jáuregui abre un doble frente: por un lado, el proceso penal que investiga posibles delitos; por otro, la evaluación ética dentro del Congreso. La solicitud de la Comisión de Ética marca un paso institucional importante, pues coloca bajo escrutinio la conducta de una parlamentaria en funciones frente a estándares de protección de derechos humanos.
Más allá de la defensa de Jáuregui, la polémica refleja la tensión entre convicciones ideológicas y obligaciones legales. La exposición de menores en actos públicos y la presunta omisión de servicios de salud integral ponen en debate el rol del Estado y de sus representantes en garantizar la dignidad y los derechos de las víctimas de violencia sexual.
