Medidas tras denuncias
12/02/2026 / Exitosa Noticias / Política / Actualizado al 12/02/2026
Una drástica medida. El Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP) emitió este jueves, a través de X (antes Twitter), un comunicado oficial en el que informó a la población sobre la decisión de iniciar el traslado progresivo de las residentes del refugio privado "La Casa del Padre" hacia otros centros especializados.
La medida, según la entidad, busca garantizar condiciones adecuadas para su bienestar, seguridad y desarrollo integral, en medio de las denuncias que involucran a la congresista Milagros Jáuregui de Aguayo, vinculada a la administración del centro.
La decisión se produce tras pocos días de iniciarse una controversia pública por la presunta exposición de menores víctimas de violencia sexual en actos religiosos, así como por denuncias de que se habría impedido el acceso a servicios de salud integral, incluido el aborto terapéutico.
El MIMP subrayó que la medida para el traslado responde al principio de interés superior de las niñas y adolescentes, y reafirmó su compromiso de actuar con firmeza y transparencia ante cualquier situación que ponga en riesgo su integridad.
Un refugio bajo lupa
El refugio La Casa del Padre se convirtió en foco de críticas luego de que se difundieran imágenes de adolescentes con bebés en brazos durante actividades públicas dentro del albergue. Organizaciones sociales y congresistas como Flor Pablo señalaron que estas prácticas constituían una forma de revictimización y vulneración de derechos.
Además, la activista Gahela Contreras presentó una denuncia penal contra Jáuregui por presuntas lesiones graves por afectación psicológica, acusándola de haber obligado a niñas de entre 10 y 13 años, víctimas de violación, a continuar con embarazos. La Comisión de Ética del Congreso también solicitó un informe a la parlamentaria para esclarecer su rol en el caso.
La medida del MIMP marca un punto de inflexión en el caso: al ordenar el traslado de las menores, el Estado reconoce la necesidad de intervenir directamente en un espacio que, pese a ser de administración privada, estaba bajo cuestionamientos por prácticas presuntamente contrarias a la protección de derechos.
El caso de La Casa del Padre pone en discusión abierta la relación entre convicciones ideológicas y obligaciones legales en la protección de menores. La decisión del MIMP no solo busca salvaguardar a las residentes, sino también enviar un mensaje institucional de que la vulneración de derechos no será tolerada, incluso cuando involucre a figuras políticas en funciones.
