Retención de dinero
22/05/2025 / Exitosa Noticias / Política / Actualizado al 22/05/2025
En diálogo con Exitosa, el periodista de investigación Carlos Neyra recordó las acusaciones que involucran a la congresista Rosio Torres, de Alianza para el Progreso (APP), en el caso denominado 'Mocha sueldos'.
Según denuncias, la parlamentaria habría solicitado parte del sueldo de al menos 27 trabajadores de su despacho, utilizando como intermediario a su sobrino, Juan Daniel Pérez Guerra.
"El delito que se tipifica es concusión", indicó Neyra, refiriéndose a la figura legal que sanciona a los funcionarios públicos que exigen pagos indebidos.
Agregó que se identificaron transferencias económicas desde las cuentas de los trabajadores entre los años 2021 y 2023, con montos que oscilaban entre 1.000 y 10.000 soles.
Neyra también señaló que las autoridades detectaron movimientos financieros irregulares del asesor principal de Torres, el señor Sierra Tapia, quien negó haber sido víctima de descuentos, pero realizó compras inusuales de terrenos en Tarapoto.
"Un chico de 21 años, que en ese momento aún no trabajaba en el Congreso, desembolsó 24 mil soles para adquirir dos predios", afirmó el periodista.
Según la investigación, los terrenos fueron adquiridos por un valor menor al del mercado, 1.900 soles cada uno, cuando su valorización alcanzaba hasta los 5.000 soles.
¿Qué decidió el Congreso?
Pese a los indicios, la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales del Congreso archivó la denuncia constitucional contra Rosio Torres. La decisión se basó en el informe elaborado por el congresista Segundo Quiroz, quien concluyó que la imputación fiscal no contaba con pruebas suficientes para sustentar el proceso a nivel parlamentario.
La presidenta del grupo de trabajo, María Acuña (APP), comunicó la decisión durante la sesión correspondiente, afirmando que no se había acreditado de forma contundente la responsabilidad directa de la parlamentaria en los hechos investigados.
La investigación fiscal sigue en curso
Aunque el Parlamento archivó el caso, el Ministerio Público continúa con la investigación para determinar si existió un esquema de cobros indebidos dentro del despacho congresal de Torres. La Fiscalía analiza las transferencias realizadas y el posible destino de los fondos retenidos a los trabajadores.
Además, se indaga la participación del sobrino de la congresista y de su entorno cercano, en un contexto donde los bienes adquiridos no se corresponden con los ingresos formales de los involucrados.
La congresista Rosio Torres fue liberada de responsabilidad por decisión del Congreso, pero la investigación penal sigue vigente en el Ministerio Público. Las autoridades continúan recopilando evidencia sobre los presuntos recortes salariales y su posible uso para fines personales, como la compra de propiedades.
