Tráfico de armas militares
23/09/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad / Actualizado al 23/09/2026
La justicia impuso trece años de prisión efectiva a César Manrique, alias 'Chino Parra', y Gilmer Arrascue, alias 'Flaco', responsables de enviar arsenal bélico a Ecuador. Los detenidos comercializaron armamento robado del Ejército peruano entre 2006 y 2009, destinado a las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC).
Además, el fallo judicial establece que los procesados deberán pagar una reparación civil de S/10.000 cada uno. Esta decisión es el resultado de las investigaciones del Ministerio Público, entidad que demostró el traslado ilícito de estas armas de fuego y explosivos nacionales.
Roles operativos en la comercialización de arsenal
Durante las diligencias, la adjunta superior Rosa Díaz Sosa, titular de la Tercera Fiscalía Superior Especializada en Derechos Humanos y contra el Terrorismo, expuso la estructura criminal.
Determinó que esta red transnacional operaba bajo el mando del ecuatoriano Freddy Torres, alias 'Perro', con quien ambos sentenciados coordinaban continuamente operaciones logísticas del material de guerra.
Dentro de este esquema delictivo, el sentenciado César Manrique asumía la misión principal de realizar viajes continios hacia diferentes zonas de Lima y la selva nacional.
Su tarea consistía en acopiar todo el armamento requerido y despachar la mercancía ilícita hacia la frontera de Huaquillas en Ecuador, transfiriendo el arsenal a la organización terrorista.
No obstante el despacho fiscal logró acreditar que Gilmer Arrascue tenía la función específica de recepcionar de manera directa todo el dinero provisto por el líder del grupo criminal. Mediante este constante financiamiento, efectuaba las adquisiciones de las armas en zonas focalizadas como Chiclayo, Bagua y Tarapoto, extendiendo también sus nexos hacia Bellavista, Tingo María y la capital.
Criminales tenían vínculos con miembros del Ejército
Para asegurar el flujo constante del negocio ilegal, los criminales construyó nexos con individuos pertenecientes al sistema castrense peruano. Las investigaciones determinaron que la extracción del armamento contaba con el apoyo de personal interno, quienes facilitaban la salida sin levantar ninguna sospecha.
Los documentos oficiales de la Fiscalía detallan minuciosamente que el sentenciado Gilmer Arrascue conservaba una comunicación directa y totalmente permanente con distintos integrantes del Ejército y algunos colaboradores civiles. En la investigación resaltan los nombres de José Yataco, Wilbert Cornetero y Julio Vásquez, como los proveedores principales.
La pena de prisión efectiva solicitada por el Ministerio Público se basó en declaraciones brindadas por testigos presenciales, miembros previamente sentenciados y colaboradores eficaces.
