Vigilancia total
25/10/2025 / Exitosa Noticias / Actualidad / Actualizado al 25/10/2025
El día de hoy supervisamos todos los establecimientos penitenciarios de Lima Metropolitana y la Provincia Constitucional del Callao, con el fin de verificar el impacto de las medidas de control penitenciario y telecomunicaciones ilícitas, adoptadas tras la declaración del Estado de Emergencia por 30 días, mediante Decreto Supremo N.° 124-2025-PCM.
El Estado de Emergencia en penales
Hemos verificado que se viene cumpliendo con la restricción de las visitas y parcialmente con el corte del fluido eléctrico, con el fin de evitar el uso y recarga de objetos prohibidos. Además, nos han informado que se estará realizando acciones para ubicar y desmontar antenas de telecomunicaciones ilícitas.
Sin embargo, identificamos que el hacinamiento persiste en estos establecimientos penitenciarios, no permitiendo una adecuada resocialización de los internos. A ello se suma la falta de personal suficiente del INPE en los establecimientos penitenciarios supervisados.
Cabe señalar que, de una población penitenciaria superior a cien mil personas, el 40% aproximadamente correspondería a internos de alta peligrosidad. Es por ello que, reiteramos nuestra recomendación formulada ante el Consejo para la Reforma del Sistema de Justicia, a los efectos de implementar complejos penitenciarios de gran capacidad, con enfoque de "cárceles productivas" para internos primarios. Esto permitirá derivar a los internos de mayor peligrosidad en los Establecimientos Penales con los que ya cuenta el INPE, sin que ello implique mayor gasto público.
La presentación de un informe integral
Asimismo, anunciamos la presentación de un informe integral que consolida hallazgos y propone recomendaciones y medidas adicionales para fortalecer la intervención en los establecimientos penitenciarios, en el contexto de las medidas extraordinarias recientemente adoptadas.
Al mismo tiempo, convocamos a las entidades competentes para realizar coordinaciones interinstitucionales para la elaboración de un informe parcial sobre la situación y los resultados de las acciones implementadas, con indicadores verificables, metas y plazos, a fin de establecer una línea de base para el seguimiento y la adopción oportuna de acciones correctivas que sean necesarias.
La Defensoría del Pueblo reafirma su compromiso de contribuir a una respuesta articulada del Estado en su lucha frente a la criminalidad organizada y extendida, mediante propuestas orientadas a reducir de manera eficiente los índices de inseguridad, tal como lo vienen demandando legítimamente la población. Igualmente, continuaremos realizando supervisiones y acciones para garantizar la plena vigencia de los derechos fundamentales y la eficacia de las políticas públicas en el ámbito penitenciario.
