13/09/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad / Actualizado al 13/09/2026
Un extrabajador del Banco de la Nación fue condenado a diez años de prisión efectiva tras ser hallado responsable de apropiarse de S/71 801,01 correspondientes a fondos públicos mediante el cobro irregular de 53 cheques no negociables.
Los hechos ocurrieron en 2022, cuando el sentenciado se desempeñaba como gestor de servicios, función que le permitía realizar operaciones como cajero de la entidad bancaria.
De acuerdo con la acusación fiscal, habría utilizado las funciones relacionadas con su cargo para procesar el pago de los 53 cheques emitidos por la UGEL N.° 12 de Canta, pese a que presentaban irregularidades.
Firmas no correspondían
Uno de los principales elementos detectados durante la investigación fue que las firmas consignadas en los cheques no correspondían a sus titulares. Pese a esta irregularidad, los documentos fueron procesados y los pagos llegaron a concretarse.
Posteriormente, los beneficiarios de los cheques declararon que nunca habían cobrado ni recibido los montos registrados en dichos documentos. Esta situación permitió detectar las operaciones cuestionadas y dio paso a la investigación correspondiente.
Durante el juicio oral, la Fiscalía presentó una pericia contable y un examen grafotécnico para sustentar el monto involucrado y las irregularidades relacionadas con las firmas.

También se consideraron los testimonios de los titulares de los cheques, quienes negaron haber recibido el dinero, además de declaraciones de funcionarios del Banco de la Nación.
También recibió inhabilitación
El Poder Judicial determinó que el extrabajador era responsable de los delitos de peculado doloso agravado por apropiación y falsificación de documentos, en perjuicio del Estado. La sentencia corresponde a primera instancia.
Además de los diez años de prisión efectiva, el condenado deberá pagar S/80 mil por concepto de reparación civil a favor del Estado.
La resolución también establece su inhabilitación para ejercer cargos públicos durante diez años, como parte de las consecuencias de la sentencia.
El caso evidencia cómo las irregularidades detectadas en el procesamiento de los documentos permitieron establecer la apropiación de más de S/71 mil en fondos públicos, luego del cobro de los 53 cheques cuestionados.

