Investigación sigue su curso
27/05/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad / Actualizado al 27/05/2026
El jefe interino de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), Bernardo Pachas Serrano, se pronunció este miércoles 27 de mayo sobre el reciente informe de la Contraloría que determinó presunta responsabilidad penal y/o administrativa contra Piero Corvetto Salinas y otros nueve implicados por la afectación al derecho al voto de más de 50 000 electores de Lima Metropolitana durante la primera vuelta electoral.
Desde el despacho fiscal que lidera Reynaldo Abia sostienen que al interior de la ONPE existió un presunto direccionamiento en favor de la empresa Galaga SAC para que se haga cargo del traslado del material material, equipos informáticos electorales e implementos para simulacro y sufragio, destinados para el 12 de abril último, al presuntamente modificarse las bases de la convocatoria para la prestación del servicio.
Ratifica disposición ante la Fiscalía
Durante el acto de inicio de la distribución del material electoral a las zonas más alejadas del país, en el marco de la segunda vuelta presidencial del domingo 7 de junio, el titular interino de la ONPE ratificó su predisposición de colaborar con las investigaciones que viene desarrollando el Ministerio Público, a fin de esclarecer el hecho que ha puesto en tela de juicio la veracidad del proceso electoral.
"Como hemos mencionado desde un principio al fiscal Abia, ONPE va a brindar todas las facilidades del caso, tanto es así, que hemos estado con él en varias reuniones y hemos cedido un espacio para que él pueda hacer sus inspecciones o sus investigaciones y los plazos lo determina el señor fiscal", señaló.
De acuerdo con la Contraloría, durante la fase de selección de la convocatoria, los evaluadores de la ONPE asignaron un puntaje menor a uno de los postores calificados, ya que se aplicó un "criterio que no estaba establecido" en los términos de referencia y fue disminuir dos metros el largo de vehículos ofertados, determinándose un mínimo de capacidad de 10 metros cúbicos. Esta práctica permitió adjudicar la buena pro por S/ 6 368 332.75 a la empresa Galaga.
Con referente a la demora de la entrega del material electoral para el 12 de abril, un día antes, los funcionarios de la ONPE efectuaron la reprogramación de 43 rutas que comprendía a 553 locales de votación, 8 261 mesas de sufragios, y que involucraban a 2 453 791 electores, consignando por cada ruta un tiempo de entrega de tres horas y media a cuatro horas, cuando en realidad se requería al menos ocho horas.
Tales hechos generaron que se distribuya inoportunamente el material y equipos informáticos electorales a 3 605 mesas de sufragio, de las cuales 187 no fueron instaladas el día de la votación en Lima Metropolitana, afectando el derecho de sufragio de 55 261 electores.
Amplían plazo de investigación preliminar contra Piero Corvetto
El Ministerio Público decidió ampliar por ocho meses adicionales la investigación preliminar contra el exjefe de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), Piero Corvetto Salinas, por el presunto delito contra la administración pública en la modalidad de colusión agravada, en perjuicio del Estado.
Sobre este mismo hecho, el Primer Despacho de la Fiscalía Supraprovincial Corporativa Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios solicitó el levantamiento del secreto bancario y de las telecomunicaciones a Piero Alessandro Corvetto Salinas, José Edilberto Samamé Blas, Juan Antonio Phang Sánchez, Juan Charles Alvarado Pfuyo, Hilda Elizabeth Otoya Alvarado, William Martín García Velásquez y Lilia Flores Bancho.
Vale recordar que, a finales de abril, la Fiscalía pidió el acceso a los correos electrónicos institucionales y personales de los involucrados, incluyendo todos sus contenidos, como mensajes enviados, recibidos, borradores, spam y papelera, a fin de determinar si existió algún tipo de coordinación irregular durante el proceso electoral.
Desde la ONPE ratifican que están a disposición total del Ministerio Público, a fin de esclarecer lo más pronto posible la responsabilidades de los involucrados en este presunto acto de corrupción al interior del organismo electoral.
