En la mira
27/05/2026 / Exitosa Noticias / Judiciales / Actualizado al 27/05/2026
El Ministerio Público decidió ampliar por ocho meses adicionales la investigación preliminar contra el exjefe de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), Piero Corvetto Salinas, por el presunto delito contra la administración pública en la modalidad de colusión agravada, en perjuicio del Estado.
La decisión del Primer Despacho de la Fiscalía Supraprovincial Corporativa Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios se da luego del informe de la Contraloría General de la República que determinó presunta responsabilidad penal y/o administrativa contra el exfuncionario y otros nueve implicados por la afectación al derecho al voto de más de 50 000 electores de Lima Metropolitana durante la primera vuelta electoral.
Investigación por presunto direccionamiento para el traslado del material electoral
Desde el despacho fiscal que lidera Reynaldo Abia sostienen que al interior de la ONPE existió un presunto direccionamiento en favor de la empresa Galaga SAC para que se haga cargo del traslado del material material, equipos informáticos electorales e implementos para simulacro y sufragio, destinados para el 12 de abril último.
De acuerdo con la Contraloría, durante la fase de selección de la convocatoria, los evaluadores de la ONPE asignaron un puntaje menor a uno de los postores calificados, ya que se aplicó un "criterio que no estaba establecido" en los términos de referencia y fue disminuir dos metros el largo de vehículos ofertados, determinándose un mínimo de capacidad de 10 metros cúbicos. Esta práctica permitió adjudicar la buena pro por S/ 6 368 332.75 a la empresa Galaga.
Este presunto favorecimiento ilícito se habría reflejado en la prestación total del servicio por parte de la empresa ganadora de la licitación, al brindar 437 vehículos de terceros (92 % del utilizado) y solo 40 vehículos propios (8 %), originado presuntamente por el mal accionar de los evaluadores.
Con referente a la demora de la entrega del material electoral para el 12 de abril, un día antes, los funcionarios de la ONPE efectuaron la reprogramación de 43 rutas que comprendía a 553 locales de votación, 8 261 mesas de sufragios, y que involucraban a 2 453 791 electores, consignando por cada ruta un tiempo de entrega de tres horas y media a cuatro horas, cuando en realidad se requería al menos ocho horas.
Tales hechos generaron que se distribuya inoportunamente el material y equipos informáticos electorales a 3 605 mesas de sufragio, de las cuales 187 no fueron instaladas el día de la votación en Lima Metropolitana, afectando el derecho de sufragio de 55 261 electores.
Solicitan el levantamiento del secreto de la telecomunicaciones a investigados
Como parte de las recomendaciones que dio la Contraloría para el desarrollo de las investigaciones, el Ministerio Público solicitó el levantamiento del secreto bancario y de las telecomunicaciones a Piero Alessandro Corvetto Salinas, José Edilberto Samamé Blas, Juan Antonio Phang Sánchez, Juan Charles Alvarado Pfuyo, Hilda Elizabeth Otoya Alvarado, William Martín García Velásquez y Lilia Flores Bancho.
Vale recordar que, a finales de abril, la Fiscalía pidió el acceso a los correos electrónicos institucionales y personales de los involucrados, incluyendo todos sus contenidos, como mensajes enviados, recibidos, borradores, spam y papelera, a fin de determinar si existió algún tipo de coordinación irregular durante el proceso electoral.
La recomendación de la Contraloría también alcanza a la Procuraduría Pública Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios, a quien le solicitó iniciar acciones penales contra los funcionarios y servidores involucrados para determinar sus responsabilidades. Así como a la Junta Nacional de Justicia, para que disponga el inicio de las acciones que correspondan.
Finalmente, recomendó al titular interno de la ONPE, Bernardo Pachas, realizar las acciones correspondan hacia los funcionarios y servidores públicos comprometidos en los presuntos hechos irregulares.
