Judiciales
Denuncia disciplinaria

Caso masacre en Colcabamba: JNJ exige antecedentes y reportes del juez que ordenó prisión preventiva a militares

El miembro instructor del organismo solicitó a la Autoridad Nacional de Control del Poder Judicial el récord disciplinario del magistrado José Matos Centeno tras la denuncia interpuesta por el senador Fernando Rospigliosi.

Fernando Rospigliosi saludó la medida de la JNJ
Fernando Rospigliosi saludó la medida de la JNJ (Composición Exitosa)

07/09/2026 / Exitosa Noticias / Judiciales / Actualizado al 07/09/2026

La Junta Nacional de Justicia (JNJ) dio un nuevo paso en el trámite de la denuncia disciplinaria presentada por el senador Fernando Rospigliosi contra el juez José Leonel Matos Centeno, titular del Juzgado de Investigación Preparatoria de Tayacaja-Pampas.

JNJ pide antecedentes del juez que impuso prisión

Mediante la disposición de la Denuncia N.° 3960-2026-JNJ, el miembro instructor del organismo, Rafael Ruíz Hidalgo, ordenó solicitar a la Autoridad Nacional de Control del Poder Judicial (ANCPJ) un informe detallado sobre el récord de medidas disciplinarias, quejas y denuncias vigentes o pasadas que registre el magistrado en un plazo máximo de cinco días hábiles.

Asimismo, la resolución de la JNJ dispone requerir a la Primera Sala Penal de Apelaciones de Huancayo la remisión de los cargos de los oficios enviados a la Oficina Descentralizada de la Autoridad Nacional de Control (ODANC) de la Corte Superior de Junín.

Tras la difusión de la providencia oficial, el parlamentario Rospigliosi celebró la decisión a través de sus redes sociales señalando que el proceso "avanza" frente a lo que calificó como una decisión injusta que envió a prisión a ocho miembros de una patrulla del Ejército.

Ataque en Colcabamba y los cuestionamientos al fallo judicial

El origen del conflicto legal se remonta al operativo militar ejecutado el 25 de abril de 2026 en el distrito de Colcabamba, provincia de Tayacaja (Huancavelica). Los primeros reportes castrenses sostuvieron que las tropas repelieron un ataque armado de huestes narcoterroristas en legítima defensa, dejando como saldo cinco personas fallecidas y tres heridos.

Sin embargo, el avance de las indagaciones desmintió la versión inicial e incluyó el testimonio de un sobreviviente que denunció haber sido amenazado con armas para declarar falsamente que trasladaba sustancias ilícitas.

Ante estos hallazgos, el Ministerio Público abrió investigación contra ocho efectivos por la comisión de los presuntos delitos de homicidio calificado y tentativa de homicidio, solicitando su encarcelamiento preventivo.

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El juez Matos Centeno declaró fundado el pedido e impuso 12 meses de prisión preventiva. No obstante, la medida fue anulada de manera posterior por la Primera Sala Penal de Apelaciones de Huancayo tras advertirse graves defectos de motivación y la supuesta incorporación de argumentos en la resolución escrita que no formaron parte del debate oral durante la audiencia.

El avance del procedimiento disciplinario reabre así un complejo debate sobre los límites de la discrecionalidad judicial y las garantías del debido proceso en causas que involucran a las Fuerzas Armadas en zonas de conflicto. La determinación final del organismo de control dependerá del análisis técnico de los medios probatorios para esclarecer si existió una inconducta funcional que justifique eventuales sanciones.

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