Golpe al tribunal
08/04/2026 / Exitosa Noticias / Judiciales / Actualizado al 08/04/2026
Ollanta Humala Tasso presentó un recurso formal ante el Poder Judicial para intervenir directamente en la audiencia de control contra los magistrados que lo condenaron. El expresidente de la República denuncia una privación de libertad incostitucional y arbitraria.
El reclamo por una detención incostitucional
A través de un documento oficial ingresado el 7 de abril, el expresidente Ollanta Humala solicitó a la Autoridad Nacional de Control del Poder Judicial (ANC-PJ) participar en la audiencia del próximo 30 de abril. Su objetivo es expones los perjuicios sufridos tras la orden de ejecución inmediata de su condena de 15 años de prisión, dictada en abril de 2025. Humala sostiene que el tribunal actuó de forma irregular al encarcelarlo basándose únicamente en un adelanto de fallo y no en la sentencia íntegra.
Según el documento remitido a la magistrada Carmen Yaguana Vega, Humala tomó conocimiento de que la oficina de control ya fijó un informe oral para analizar la conducta de los jueces investigados. En el texto, el exmandatario enfatiza que el 15 de abril de 2025 se dispuso una medida que vulneró sus derechos fundamentales al privarlo de su libertad personal sin el sustento escrito correspondiente. Por ello, solicita diez minutos para detallar cómo esta decisión afectó su situación jurídica.
Sobre este punto, el exmandatario sostiene en su escrito que, en su calidad de agraviado directo por los hechos imputados, requiere exponer los perjuicios que le generaron los magistrados investigados. Esta solicitud busca que la ANC-PJ escuche de primera mano el testimonio de quien considera que su encarcelamiento preventivo fue una medida apresurada. La sesión será crucial, pues una sanción contra los jueces podría ser utilizada como argumento principal en la apelación de su condena.
La defensa del exlíder del Partido Nacionalista busca que se ratifique la calificación de "faltas muy graves" contra los magistrados Nayko Coronado, Juana Caballero y Max Vengoa. Este movimiento legal ocurre mientras el exmandatario permanece recluido en el penal de Barbadillo, lugar desde donde firmó el petitorio para ejercer su defensa material. La estrategia apunta a debilitar la validez del proceso principal mediante la sanción administrativa de quienes lo juzgaron en primera instancia.
Impacto en el proceso por lavado de activos
La resolución de la ANC-PJ sobre este caso disciplinario podría cambiar el rumbo del juicio por los presuntos aportes de Odebrecht y el gobierno de Venezuela. Si se determina que los jueces cometieron infracciones severas al debido proceso, la defensa tendrá el camino libre para cuestionar la imparcialidad del tribunal. El resultado de esta audiencia marcará un precedente sobre cómo deben ejecutarse estas condenas.
