Busca revertir suspensión
07/01/2026 / Exitosa Noticias / Judiciales / Actualizado al 07/01/2026
El Poder Judicial (PJ) admitió a trámite la demanda de amparo presentada por la exfiscal de la nación Delia Espinoza Valenzuela en contra de la inhabilitación de la administración pública por 10 años que le impuso el Congreso de la República a inicios de diciembre último.
De acuerdo con la resolución de la Sala Constitucional de la Corte Superior de Justicia de Lima, la fecha establecida para la audiencia de ambas pates fue programada para el próximo 9 de marzo del 2026.
A la espera de poder revertir sanción
Desde que empezó el procedimiento constitucional al interior del Legislativo, la también suspendida fiscal suprema acusó en todo momento "represalias" de un sector de parlamentarios, quienes -a su juicio- actuaron de tal manera por las más de 30 denuncias constitucionales que presentó a lo largo de su gestión por presuntamente estar vinculados a hechos relacionados con la corrupción.
En esa línea, aseveró que dicha hipótesis se comprueba también por no haber acatado el resolución de la Junta Nacional de Justicia que disponía la reposición de Patricia Benavides a la cabeza del Ministerio Público en junio último.
Ante la acusación de vulneración hacia sus atribuciones, la letrada recurrió al PJ antes de Navidad para hacer prevalecer sus derechos fundamentales con el objetivo de retornar a la Fiscalía de la Nación como titular de la institución y al cargo de fiscal suprema titular.
Motivo de la suspensión de la administración pública
El proceso comenzó con la formulación de la Denuncia Constitucional 528, presentada por los congresistas Fernando Rospigliosi Capurro, José Cueto Aservi y Alfredo Azurín Loayza, quienes acusaban a la ahora extitular del Ministerio Público de haber incurrido en los numerales 1 y 4 del artículo 159, y los artículos 38, 103, 109 y 166 de la Constitución.
El informe final que recomendó su inhabilitación fue aprobado en el Pleno el 3 de diciembre. Desde el Legislativo han sostenido en todo momento que Espinoza Valenzuela incurrió a la ley que modifica el Código Procesal Penal, Decreto Legislativo 957, por la publicación y elaboración del reglamento de la Ley 32130, la cual fortalece la investigación del delito como función de la Policía Nacional del Perú y agilizar los procesos penales.
Sobre este hecho, el Congreso la responsabilizó de la comisión de los delitos de abuso de autoridad, falsedad genérica, prevaricato, y posible instigación del delito de usurpación de funciones policiales, por haber emitido la Resolución 2246-2024, de fecha 14 de octubre del 2024. Por este hecho, el PJ le abrió un proceso de investigación preparatoria por 120 días desde el 22 de diciembre último.
No obstante, la defensa de la ahora suspendida fiscal suprema alega que la Secretaría de la Junta de Fiscales Supremos presentó un informe a la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales donde señala que la deslinda de cualquier acuerdo o redacción del documento en cuestión por no haber participado en ambos como tal.
La abogada Delia Espinoza continúa con su propósito de revertir la inhabilitación aprobada en su contra, reafirmando su total inocencia en el proceso llevado a cabo en el Parlamento.
