29/11/2019 / Exitosa Noticias / Mundo / Actualizado al 09/01/2023
Dos organizaciones de derechos humanos han interpuesto una denuncia contra el presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, ante el Tribunal Penal Internacional (TPI) por "crímenes contra la humanidad" e "incitación al genocidio de los pueblos indígenas de Brasil".
La denuncia, realizada por la Comisión Arns y el Colectivo de Abogados en Derechos Humanos (CADHu) de Brasil, especifica que Bolsonaro "incita a la violencia contra los pueblos indígenas y tradicionales, debilita la fiscalización y no responde a los crímenes ambientales en la Amazonía".
"No encontramos un camino eficiente. Esperamos que dirigiéndonos allí [el TPI], estimulemos las fuerzas internas de Brasil para investigar estas cuestiones", señaló el presidente de la Comisión Arns, José Carlos Dias.
En el texto se explica que "los incendios, que todavía siguen en la región [en la Amazonía], generan daños ambientales y sociales difíciles de revertir (...) y están asociados con la disputa a menudo violenta sobre la tierra para empresas agrícolas y para grandes proyectos de infraestructura".
La denuncia fue presentada ante la fiscal Fatou Bensouda, quien solicitará información a los gobiernos de los estados brasileños pertinentes, a Naciones Unidas, así como a otras fuentes relevantes para decidir si se autoriza una investigación.
Al ser preguntado por la prensa sobre este asunto, en el Palacio de la Alvorada, en Brasilia, Bolsonaro se limitó a decir: "Próxima pregunta".
Daño ecológico
Según datos publicados este jueves por el sistema de Monitoreo de Deforestación de la Amazonía Legal por Satélite (Prodes), del Instituto Nacional de Investigaciones Espaciales (INPE), los territorios indígenas registraron 423,3 kilómetros cuadrados de deforestación entre agosto de 2018 y julio de 2019, un aumento del 74% frente al mismo periodo del año pasado.
En la selva amazónica -Brasil alberga un 60%- viven unas 34 millones de personas, y más de 400 pueblos indígenas.
Bolsonaro siempre se ha mostrado contrario a la demarcación de tierras indígenas y ya durante su campaña electoral, en 2018, prometió restar competencias a los organismos públicos de protección ambiental, abrir las zonas protegidas y las tierras indígenas a la agricultura y a la minería y disminuir la "industria de la multa" por crímenes medioambientales.
