Abre negociación
08/05/2026 / Exitosa Noticias / Mundo / Actualizado al 08/05/2026
El gobierno del presidente Gustavo Petro solicitó suspender las órdenes de captura contra 29 integrantes del Clan del Golfo, entre ellos su máximo jefe, alias "Chiquito Malo", para permitir su traslado a zonas de ubicación temporal en Córdoba y Chocó.
La medida, revelada en una resolución oficial, marca un giro en la estrategia frente al narcotráfico y abrió una fuerte discusión sobre la coherencia del discurso presidencial, que hasta hace poco se sostenía en la premisa de "cero tolerancia" contra estas estructuras criminales.
Un traslado para negociar
El documento, fechado el 29 de abril, acepta un listado entregado por el grupo armado para su tránsito a las denominadas Zonas de Ubicación Temporal. La decisión se enmarca en resoluciones previas que autorizaban espacios de conversación con el autodenominado Ejército Gaitanista de Colombia, considerado grupo armado organizado.
Según el texto, el proceso tendrá lugar el 25 de junio y estará sujeto a limitaciones de tiempo, localización y condiciones específicas. Entre los beneficiados resalta especialmente a Jobanis de Jesús Ávila Villadiego, alias "Chiquito Malo", señalado como jefe del Clan del Golfo.
Este personaje es incluso considerado por Estados Unidos como líder de una organización con alcance transnacional dedicada al tráfico de cocaína y responsable de atentados contra funcionarios y civiles.
La resolución establece que la suspensión de las órdenes de captura, incluidas las de extradición, se aplicará en el marco de dos procesos: negociaciones de carácter político para pactar acuerdos de paz y acercamientos con estructuras criminales de alto impacto para lograr su sometimiento a la justicia.
Este cambio de enfoque resulta llamativo, pues Petro había insistido en que el narcotráfico no tendría cabida en sus diálogos de paz. Ahora, a menos de un mes de las elecciones presidenciales, el mandatario abre la puerta a negociaciones con el cartel más poderoso del país.
Reacciones y cuestionamientos
La decisión ha generado críticas de candidatos presidenciales y analistas, quienes advierten que suspender las órdenes de captura contra cabecillas del narcotráfico puede interpretarse como un debilitamiento del Estado frente a organizaciones criminales. La senadora y candidata presidencial Paloma Valencia, por ejemplo, denunció que incluso se trataría de una estrategia política.
La solicitud de Petro coloca a su gobierno de Petro en el centro de la polémica. Lo que se presenta como una estrategia de paz también puede leerse como una concesión a una estructura criminal que ha sembrado violencia en Colombia.
El giro resulta aún más significativo por el contexto electoral: Petro pasa de la retórica de "cero tolerancia" al narcotráfico a la búsqueda de negociaciones con uno de sus principales carteles, en un movimiento que podría redefinir el debate político en plena campaña.
