12/02/2020 / Exitosa Noticias / Política / Actualizado al 09/01/2023
El alcalde de La Molina, Álvaro Paz de la Barra, se mostró indignado tras conocer la decisión de la Segunda Sala Penal Liquidadora Permanente de Lima Este que revocó la suspensión del cobro de peaje en la avenida Separadora Industrial y el retiro de las casetas ubicadas en el ingreso a La Molina.
Ante este hecho, De la Barra anuncio que acudirá al Tribunal Constitucional y será esta instancia final la que decida esta controversia. En ese sentido recalcó que el artículo 22 del código procesal constitucional establece que los efectos de una sentencia estimatoria en primera instancia seguirán vigentes hasta que el TC se pronuncie de manera definitiva. Es decir, el peaje no será repuesto.
Dijo, además, que ello no impide ejercer la defensa de los derechos fundamentales en los distintos niveles institucionales, por lo que en nombre de los vecinos acudirá a los órganos de control disciplinario del Poder Judicial y de la Junta Nacional de Justicia.
Paz De La Barra señaló adicionalmente que ejercerá todos los mecanismos legales para que se investigue a nivel del control interno del Poder Judicial los casos anómalos que se desarrollaron en la Sala Penal Liquidadora.
Cabe recordar que el Poder Judicial falló en primera instancia a favor del distrito luego que este presentara un Hábeas Corpus para la suspensión del cobro del peaje y el retiro de las garitas ubicadas en la avenida Separadora Industrial, pese a la apelación de la concesionaria Línea Amarilla SAC (LAMSAC).
"Esta discusión pasa del ámbito distrital una discusión de índole nacional donde actuaremos a la altura de las circunstancias, siempre a favor de la gente. La indignación generalizada serà el motivo de nuestra legitima lucha social" manifestó.
Asimismo, el burgomaestre aseguró que solicitará la creación de una comisión investigadora multipartidaria en el nuevo Congreso para que se avoque a un exhaustivo procedimiento de control del contrato con Lamsac y todas las irregularidades que vienen produciéndose en la política de concesiones viales durante los últimos años y que perjudican a millones de personas en distintos lugares del país.
"La justicia no puede convalidar actos provenientes de la corrupción. No podemos someternos a las reglas de juego que se plantearon en el contrato de concesión ni en la forma como las autoridades y los jueces son complacientes con estas empresas", recalcó.
