Continúa controversia
16/02/2026 / Exitosa Noticias / Política / Actualizado al 16/02/2026
El presidente del Consejo de Ministros, Ernesto Álvarez Miranda, cuestionó el fallo del Poder Judicial que impide al Organismo Supervisor de la Inversión en Infraestructura de Transporte de Uso Público (Ositrán) supervisar el puerto de Chancay.
Como se recuerda, el pasado 6 de febrero se reveló que el Primer Juzgado Constitucional de Lima ordenó al ente en mención que se "abstenga" de ejercer sus funciones regulatorias, supervisoras, fiscalizadoras y sancionadoras respecto a la infraestructura.
De no ser aprobada la apelación irá al TC
La resolución también indica, que el organismo adscrito a la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) solo podrá tener competencias en lo que concierne a sus facultades de determinar tarifas, "previa determinación de ausencia del INDECOPI", de acuerdo con lo que enmarca el Reglamento del Sistema Portuario Nacional, siempre que dicha decisión se encuentre "firme".
En esa misma línea, sostuvo que el Gobierno apelará el fallo, para lo cual están recibiendo las apreciaciones de diversos profesionales, a fin de obtener una posición "más informada", debido a la "preocupación" que les genera que el puerto no pueda estar bajo materia de supervisión.
Asimismo, indicó, que de no obtener una "respuesta favorable" en el ámbito judicial, analizarán la presentación de un recurso ante el Tribunal Constitucional para defender los intereses del Perú.
"El Tribunal Constitucional no solo se limita a las cláusulas de índole civil o de derecho marítimo, es el principal defensor de la Constitución y, por tanto, de la soberanía nacional. Además, hay que tener en cuenta un tema muy importante. No hay contrato civil alguno que pueda estar por encima de la Constitución", aseveró.
Defensa legal de Cosco Shipping descarta monopolio
Conocida la resolución del Poder Judicial, el abogado de Cosco Shipping Ports Chancay Perú, Ramiro Portocarrero, aseveró que "no existe monopolio" y que lo que está ocurriendo es "un fenómeno bueno" para la economía peruana.
Respecto a las críticas por el uso de una acción de amparo para evitar la fiscalización estatal, explicó que dicho recurso constitucional procede "contra actos o normas que pueden lesionar derechos fundamentales". Recordó que, cuando se definió la inversión de Cosco, la regulación portuaria "fomentaba la competencia y privilegiaba la inversión privada".
"Si una empresa tiene dos mil millones para invertir a su riesgo y hay condiciones de competencia, no hay necesidad de regularlo", afirmó.
De esta manera, la controversia continúa entre ambas partes, situación que podría terminar en el TC a menos de dos años de que el puerto inicie operaciones.
