La OEA aprobó enviar una delegación a Perú para analizar la situación política

La Organización de los Estados Americanos (OEA) aprobó este jueves enviar "un grupo de alto nivel" a Perú después de que el presidente de la República, Pedro Castillo, investigado por presuntos actos de corrupción, le pidiera ayuda para superar la crisis política.

En una sesión extraordinaria en Washington, el Consejo Permanente, órgano ejecutivo de la organización, adoptó por aclamación la resolución de "respaldo a la preservación de la institucionalidad democrática" en Perú y llamó "a todos los actores" a actuar dentro "del estado de derecho".

La OEA designó a "un grupo de alto nivel conformado por representantes de los Estados miembros, en concordancia con la Carta Democrática Interamericana, para que realice una visita al Perú con el fin de hacer un análisis de la situación" y luego informe de ello al Consejo.

Castillo pidió activar los artículos 17 y 18 de la Carta Democrática Interamericana, un instrumento aprobado en 2001 para promover los principios democráticos entre los Estados de la región.

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El artículo 17 contempla que un país pueda "solicitar asistencia para el fortalecimiento y preservación de su institucionalidad democrática" si considera que "está en riesgo" y el 18 permite visitas y gestiones para analizar la situación, siempre que lo autorice el gobierno afectado.

Como se recuerda, Pedro Castillo pidió a la OEA "iniciar un proceso de consultas con todas las fuerzas políticas, los poderes del Estado y las fuerzas sociales" en busca de "un camino que impida una grave alteración del orden democrático en el Perú".

Esta semana la Fiscalía presentó una denuncia constitucional contra el mandatario ante el Parlamento, un proceso que puede conducir a un antejuicio político y la suspensión del presidente, quien se considera víctima de una campaña para sacarlo del poder.

Este jueves la OEA respaldó al gobierno peruano y la "preservación de la institucionalidad democrática" y recordó que todas las instituciones del Estado están subordinadas constitucionalmente a la autoridad civil. Además se declara dispuesta a "brindar apoyo y cooperación" mediante gestiones "para promover el diálogo y el fortalecimiento de su sistema democrático de gobierno".

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