06/04/2019 / Exitosa Noticias / Política / Actualizado al 09/01/2023
Durante el interrogatorio en Palacio de Gobierno a Mercedes Aráoz, por la concesión del muelle norte del puerto del Callao a la empresa APM Terminals, la vicepresidenta de la República, según fuentes fiscales, negó que el expresidente Alan García le haya ordenado priorizar la emisión de decretos que terminaron favoreciendo a la compañía.
Aráoz fue ministra de Economía durante esa gestión y, de acuerdo a la hipótesis fiscal, suscribió normas que viabilizaron la licitación del proyecto. El fiscal Reynaldo Abia suspendió la diligencia porque analizará la documentación que Aráoz presentó. El interrogatorio se retomará el viernes 26 de abril.
En este caso, Alan García Pérez es investigado junto a Enrique Cornejo y otras 20 personas por los presuntos delitos de colusión agravada y negociación incompatible en agravio del Estado.
La Segunda Fiscalía Provincial Corporativa Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios de Lima investiga el caso que habría generado un perjuicio al Estado valorizado en USD 246'939,764.
Interrogatorio
La diligencia estuvo a cargo del fiscal Reynaldo Abia, quien llegó hasta Palacio de Gobierno para interrogar a Aráoz Fernández por la concesión del muelle norte del puerto del Callao a la empresa APM Terminals durante el gobierno de Alan García.
Aráoz fue ministra de Economía durante esa gestión y, de acuerdo a la hipótesis fiscal, suscribió normas que viabilizaron la licitación del proyecto. En esta diligencia responde a las interrogantes en condición de testigo.
Fuentes fiscales ratificaron que la también legisladora negó que García Pérez le haya ordenado priorizar la emisión de decretos que terminaron favoreciendo a la compañía. El interrogatorio se retomará el viernes 26 de abril.
El expresidente aprista es investigado por este caso desde diciembre pasado, cuando Abia abrió la carpeta de indagación por denuncia del procurador anticorrupción Amado Enco.
El 1 de abril de 2011 se otorgó la buena pro del concurso por USD 1,900 millones. Sin embargo, el contrato se firmó con "una serie de beneficios sumamente excesivos para la concesionaria".
Entre estos beneficios se encuentran la exoneración del pago de 50% de la recuperación adelantada del IGV y las reducciones de los aportes a la Empresa Nacional de Puertos y a la Autoridad Portuaria Nacional.
