09/11/2022 / Exitosa Noticias / Política / Actualizado al 09/01/2023
En entrevista para Exitosa, el abogado constitucionalista Omar Cairo señaló que el premier Aníbal Torres ha puesto "en una posición muy difícil al Congreso de la República" tras anunciar que planteará cuestión de confianza.
El experto resaltó que la acción del jefe del Gabinete Ministerial es válida y deberá ser tramitada en el Parlamento. La medida que planteará el premier busca que se debata y vote un proyecto de ley para derogar la norma que pone límites a esta misma figura constitucional, que fue aprobada por insistencia por el Congreso en octubre de 2021.
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Omar Cairo señaló que el Parlamento ahora tiene dos opciones: aprobar la cuestión de confianza y derogar la ley que pide el Poder Ejecutivo, o rechazar este pedido. En caso ocurra este último escenario, el Gabinete Torres deberá renunciar. Por su parte, el Congreso se quedaría con solo una oportunidad más de rechazar la confianza para evitar la disolución.
"Si hace tiempo el Congreso hubiera derogado la ley [que pide el premier] no hubiera pasado nada, pero por dedicarse a la vacancia 3.0, a la denuncia de traición a la patria, ahora el Ejecutivo plantea la cuestión de confianza", mencionó el especialista.
En caso el Congreso rechace esta primera cuestión de confianza, se enfrentará a un segundo pedido cuando el presidente Pedro Castillo presente a su próximo Gabinete Ministerial, que se conformará inmediatamente después si se rechaza el pedido de Aníbal Torres.
"Si el Congreso le dice que 'no' al nuevo Gabinete sería el segundo rechazo y el presidente podrá disolver el Congreso. El día que se presente el nuevo gabinete, el Congreso tendrá que aprobarlo para evitar la disolución", aseveró.
Antecedentes
En octubre de 2021, el Parlamento aprobó por insistencia la autógrafa de ley que interpreta la cuestión de confianza, observada por el Ejecutivo, con 79 votos a favor, 43 en contra y 3 abstenciones.
Tras ello, el entonces ministro de Justicia y ahora premier, Aníbal Torres, anunció que el Poder Ejecutivo interpondría una acción de inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional.
Con este dictamen aprobado, el Ejecutivo ya no podrá usar esta figura para la aprobación o no de reformas constitucionales y en las competencias "exclusivas y excluyentes" del Parlamento.
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