Blindaje parlamentario sistemático
28/04/2026 / Exitosa Noticias / Política / Actualizado al 28/04/2026
La Subcomisión de Acusaciones Constitucionales (SAC), liderada por Lady Camones, archivó cinco denuncias críticas contra la expresidenta Dina Boluarte y otros altos funcionarios del Estado peruano. Los informes de calificación declararon improcedentes cargos por infracciones constitucionales y corrupción, consolidando una tendencia de protección política.
El grupo de trabajo desestimó la Denuncia Constitucional 517 presentada por el congresista Juan Burgos. El sustento acusaba a Boluarte y Gustavo Adrianzén de vulnerar el derecho a la negociación colectiva del sector público, pero obtuvo nueve votos favorables.
Resoluciones sobre fiscales y el caso Pedro Castillo
El control parlamentario también benefició al fiscal supremo Juan Carlos Villena, cuyas denuncias 659 y 668 fueron enviadas al archivo definitivamente. En estos casos, se le señalaba por supuesto abuso de autoridad y prevaricato, tras haber confirmado el polémico archivamiento de una denuncia fiscal previa.
Respecto a la Denuncia 660, interpuesta por el expresidente Pedro Castillo contra diez congresistas de diversas bancadas, el resultado fue idéntico. La Subcomisión de Acusaciones Constitucionales del Congreso determinó con ello que el recurso carecía de sustento reglamentario, protegiendo a legisladores como Patricia Juárez, Eduardo Salhuana y Jorge Montoya.
Esta serie de decisiones refuerza la percepción de una alianza estratégica entre el Legislativo y el Ejecutivo saliente para evitar procesos penales. Los votos en contra provinieron de un sector minoritario que cuestionó la falta de profundidad en el análisis de las pruebas presentadas.
Antecedentes de blindaje en la Subcomisión
No es la primera vez que la SAC detiene procesos contra Dina Boluarte, recordando que en mayo de 2025 archivaron el caso Rolex. Aquel informe, redactado por Nilza Chacón de Fuerza Popular, indicó que no existían elementos suficientes para demostrar actos de corrupción estatal.
Según la SAC, estos informes archivan los expedientes que buscaban responsabilidades políticas y penales en el ejercicio de la función pública, sin embargo, este garantizó la inmunidad de los actores políticos en los casos de corrupción.
Por ello, el Congreso logró evitar que la exmandataria enfrente los cargos por las muertes ocurridas durante las protestas sociales. Con doce votos, se decidió no continuar las indagaciones sobre la responsabilidad de la mandataria en la crisis que afectó al país.
Las recientes sesiones virtuales confirman que las bancadas mayoritarias mantienen su postura de proteger la gestión anterior frente a la justicia. El archivo de las denuncias constitucionales contra Dina Boluarte y los exministros profundiza la crisis de confianza sobre la fiscalización del Congreso.
