Cuestiona decisión
06/01/2026 / Exitosa Noticias / Política / Actualizado al 06/01/2026
Frente a la desactivación de los Equipos Especiales del Ministerio Público a cargo del fiscal de la nación interino, Tomás Aladino Gálvez Villegas, el abogado de Juan José Quispe cuestionó su decisión adoptada, hoy martes 6 de enero.
Como es de conocimiento, uno de los grupos afectados es el 'Equipo Especial de Fiscales para casos con víctimas durante las protestas sociales' (EFICAVIP), el cual tiene como principal involucrada a la expresidenta Dina Boluarte y altos mandos de la Policía Nacional del Perú (PNP), en el marco de las confrontaciones que se dieron al interior del país entre diciembre del 2022 y febrero del 2023, luego de asumir el cargo tras la vacancia de Pedro Castillo.
Acusa proteccionismo e impunidad en casos que llevan más de tres años
En entrevista para el programa "Hablemos Claro", el abogado de las familias de las personas víctimas de la represión policial, aseveró que la desactivación del Equipo Especial en mención busca otorgarle impunidad a los investigados, afectando el desarrollo de las indagaciones a más de tres años de haberse producido.
"Esto es un retroceso muy grande para todo el sistema de justicia, porque un fiscal nuevo no va a ser mago para empaparse de leer tantos documentos con tantas carpetas fiscales (...) definitivamente, acá el Sr. Tomás Aladino Gálvez Villegas ha querido proteger a altos mandos de la Policía con el cuento de que estos equipos especiales ya no deben funcionar (...) está matando una prolija investigación", aseveró.
En esa línea, sostuvo que la distribución de los casos a las Fiscalías Supraprovinciales Especializadas en Derechos Humanos y contra el Terrorismo va a generar un importante retraso en el proceso de quienes afrontan investigación preparatoria, así como al trabajo ya realizado con miras a que logre una acusación fiscal contra las más altas autoridades del Ejército y la PNP.
Ministerio Público "asegura" continuidad de investigaciones
De acuerdo con la Resolución de la Fiscalía de la Nación N.º 005-2026, publicada este martes 6 de enero en el Diario Oficial El Peruano, se modifica la denominación de la "Cuarta Fiscalía Superior Penal Nacional Especializada en Derechos Humanos e Interculturalidad con Sede en Lima Centro, con competencia a Nivel Nacional" por la "Cuarta Fiscalía Superior Penal Nacional Especializada en Derechos Humanos y contra el Terrorismo".
Asimismo, dispone que el fiscal superior coordinador de la Fiscalía Superior Penal Nacional y Fiscalías Penales Supraprovinciales Especializadas en Derechos Humanos e Interculturalidad y contra el Terrorismo, realice un inventario de la carga del desactivado equipo especial, a fin de que realice su distribución de manera aleatoria en las fiscalías especializadas, con la finalidad de "asegurar" la conducción de las investigaciones y la debida diligencia en la persecución penal.
Cabe señalar que, las protestas sociales contra la exmandataria Boluarte dejó un saldo trágico de 49 fallecidos y 250 heridos, en un contexto de graves violaciones de los derechos humanos, donde se acusan delitos de homicidio calificado, lesiones graves y lesiones leves.
De esta manera, el abogado de las víctimas cuestiona lo adoptado por el fiscal de la nación interino, acusándolo de obstruir a la justicia en uno de los casos de mayor impacto que ha tenido el país en los últimos años.
