10/11/2025 / Exitosa Noticias / Política / Actualizado al 10/11/2025
"Es un absoluto disparate", así se expresó Tomás Aladino Gálvez, Fiscal de la Nación interino, ante la solicitud presentada por el Instituto de Defensa Legal (IDL) y la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos (CNDDHH) ante la Junta de Fiscales Supremos, la cual exige su salida como cabeza del Ministerio Público y la elección de un nuevo representante con 'carácter de urgencia'.
Ambas organizaciones denuncian que Gálvez "no cumple con el requisito constitucional de ser y parecer independiente, sino que, por el contrario, incluso, es un actor político", alegando así que su designación como Fiscal de la Nación sería nula.
Denuncian vínculo político
Según la solicitud, tras la destitución de Gálvez por la JNJ en el 2021, este formó un partido político con intenciones de postular a la presidencia de la República.
La coordinadora argumenta que la JNJ no tuvo en cuenta esta condición al volver a habilitarlo como fiscal supremo y que dicha situación no iría acorde al correcto ejercicio fiscal y, por lo tanto, lo convertiría en un 'actor político'.
"Tal situación [...] es materialmente incompatible con el cargo de fiscal que, como todo operador de justicia, debe ser y parecer independiente, de acuerdo con el artículo 2, numeral 6 de la Ley de la Carrera Fiscal (N° 30483)", señala el documento.
Sin embargo, la solicitud, firmada por Tania Pariona, secretaria ejecutiva de la CNDDHH, y Cruz Silva del Carpio, coordinadora del Grupo de Trabajo contra la Corrupción del IDL, parece obviar las propias declaraciones de Tomás Gálvez quien a mediados de octubre aclaró que buscó constantemente su reposición y que dejó la agrupación política cuando regresó a la Fiscalía.
"En el mismo partido político acordamos de que yo renunciaba totalmente al partido. Ahí quedé", remarcaba Gálvez en ese entonces.
Otras presuntas irregularidades
Las organizaciones señalan además otros hechos "graves" con los que Aladino Gálvez "ha violado su deber de proteger la legalidad y de respetar el ordenamiento jurídico":
- La remoción de dos fiscales provisionales: Elena Carolina Delgado (exfiscal suprema provisional) y Alejandra Cárdenas (exfiscal adjunta suprema provisional), quienes investigaban a Gálvez por su presunto involucramiento con agentes de Alianza Para el Progreso para ser nombrado como fiscal supremo mediante ex consejeros del extinto Consejo Nacional de la Magistratura (ahora JNJ).
- La remoción de otros dos fiscales provisionales del caso "Casa Nina vs. Perú" (2022): incumplimiento del estándar supranacional de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH).
- Interferencia en la función de fiscales provisionales: Carolina Delgado y Alejandra Cárdenas.
Cabe señalar que en el documento se solicitó también la abstención de Patricia Benavides a la votación por considerar que existe un "conflicto de intereses" por su vinculación al caso "Cuellos Blancos". Mientras tanto, el PJ ha ordenado a la Junta Nacional de Justicia la reposición de Delia Espinoza como Fiscal de la Nación.

