Descargo bajo lupa
13/11/2025 / Exitosa Noticias / Política / Actualizado al 13/11/2025
Daniel Luza Amesquita, excolaborador del Congreso, presentó sus descargos ante el Jurado Electoral Especial de Pacasmayo tras ser cuestionado por trasladar una cámara institucional a un evento de campaña de la lideresa de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, donde hacía anuncio de su candidatura presidencial.
El 30 de octubre de 2025, durante la actividad del partido en Huanchaco, se detectó una cámara del Inventario Físico General del Congreso República. El equipo había sido trasladado por Luza Amesquita, entonces trabajador del Legislativo, generando cuestionamientos sobre el uso de recursos públicos en campaña.
Tras la difusión del hecho en redes sociales, el Jurado Electoral Especial de Pacasmayo inició un procedimiento administrativo, notificando a Luza Amesquita para que brinde sus descargos a fin de conocer su versión de los hechos, los cuales motivaron su posterior renuncia al puesto que venía ejerciendo dentro del Parlamento.
Descargos presentados
Luza Amesquita respondió y en su escrito, sostiene que la actividad fue autorizada por el Jurado Electoral Especial de Trujillo y asumida íntegramente por Fuerza Popular. Reconoce su participación, pero aclara que presentó su renuncia el 1 de noviembre, dos días después del evento.
Sin embargo, aunque reconoce que su salida de la institución no lo libera de responsabilidad o investigación alguna, alega que su conducta 'no dolosa' no correspondería a un acto que constituya una infracción al principio de neutralidad en materia electoral.
Asimismo, argumentó que el traslado del equipo fue producto de un 'error involuntario', debido a la similitud entre su cámara personal y la institucional (misma marca, modelo y estuche). Además, asegura que no se percató del intercambio y que no fue revisado por seguridad al salir, dado su antigüedad laboral y la ausencia de incidentes previos.
Desconocimiento institucional
En los puntos finales de su descargo, Luza Amesquita afirma que ninguna autoridad del Congreso ni de la Jefatura de la Oficina de Participación Ciudadana tenía conocimiento del traslado, incluyendo el área de comunicaciones. No fue hasta que el hecho se conoció tras su viralización en redes sociales que estos organismos tomaron cuenta del asunto, buscando exculparlos de cualquier responsabilidad.
El caso vuelve a plantear interrogantes sobre el uso de bienes públicos en campaña electoral y los controles internos del Congreso. Aunque el descargo busca deslindar responsabilidad institucional y personal, será el Jurado Electoral Especial quien determine si hubo o no infracción electoral. Por ahora, el incidente sigue bajo evaluación, mientras el país se prepara para un proceso electoral cada vez más vigilado.
