Amenaza criminal
01/11/2025 / Exitosa Noticias / Actualidad / Actualizado al 01/11/2025
Un paquete con presunto material explosivo fue hallado la noche del jueves en la puerta de la sede del Poder Judicial de Lima Este, ubicada en el distrito de Ate Vitarte.
El hallazgo desató una inmediata movilización policial y provocó el desalojo preventivo del personal que aún se encontraba en el edificio.
Fuentes policiales confirmaron que el paquete contenía un cartucho de dinamita y una carta con amenazas. El mensaje estaba firmado por la banda criminal 'Los Mexicanos', que opera en la zona este de la capital y se vincula con delitos de extorsión y sicariato.
La situación obligó a la intervención de unidades especializadas de la Policía Nacional, que acordonaron el área y evaluaron el riesgo de explosión. El hecho causó gran temor entre los trabajadores judiciales y los vecinos de la zona.
Carta amenazante dirigida a magistrados
De acuerdo con la información preliminar, la carta iba dirigida a un juez y a un fiscal del distrito judicial de Lima Este. En el texto, los delincuentes exigían la liberación de "El Chato Deyvis", identificado como Deyvis Gabriel Cordero Cárdenas, actualmente recluido bajo prisión preventiva hasta agosto de 2026 por delitos de extorsión y sicariato.
El mensaje advertía de represalias en caso de no cumplirse la exigencia, insinuando que la organización criminal continúa operando desde el penal mediante emisarios.
Fuentes del caso señalaron que las amenazas habrían sido enviadas por miembros activos de la banda en los distritos de Ate y Huaycán, donde mantienen redes de intimidación.
Este hecho refuerza las sospechas de que grupos delictivos aún logran coordinar ataques desde las cárceles, desafiando los esfuerzos de control y seguridad del sistema penitenciario.
Corte de Lima Este suspende atención al público
Horas después del incidente, la Corte Superior de Justicia de Lima Este informó mediante un comunicado que suspenderá temporalmente la atención al público, hasta garantizar la seguridad de funcionarios, litigantes y usuarios.
Las actividades administrativas también quedaron restringidas mientras duren las investigaciones policiales.
El Poder Judicial no ha precisado qué medidas de protección se implementarán para resguardar a los magistrados involucrados. Sin embargo, el hecho ocurre en un contexto de creciente inseguridad y bajo el estado de emergencia vigente en Lima y Callao, decretado por el gobierno de transición de José Jerí debido al avance del crimen organizado.
Este nuevo acto de intimidación evidencia la escalada de violencia criminal que afecta a las instituciones del Estado, poniendo en riesgo no solo a las autoridades judiciales, sino también a la ciudadanía que acude a ellas en busca de justicia.
