En la mira
24/04/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad / Actualizado al 24/04/2026
En entrevista con Exitosa, el exprocurador anticorrupción Javier Pacheco afirmó que la contratación de Servicios Generales Galaga S.A.C. por parte de la ONPE contiene elementos que podrían configurar corrupción.
Según explicó, en la calificación técnica se introdujo un requisito que favoreció a la empresa frente a competidores más grandes y con prestigio internacional. "Ese es un indicio potente de corrupción, ahí nace", sostuvo.
Un requisito cuestionado
Pacheco detalló que, tras la evaluación de propuestas, se habría colocado, de manera arbitraria, un requisito que habría otorgado ventaja a Galaga.
La ONPE exigía originalmente camiones con una capacidad mínima de 10 metros cúbicos para el traslado de material electoral; sin embargo, luego determinaron descontar dos metros cúbicos correspondientes a la cabina del conductor del cálculo total de la capacidad del vehículo.
Este cambio provocó que otras empresas (como Hermes y AFE), que contaban con camiones blindados y personal capacitado, no cumplieran con el nuevo criterio y quedaran fuera.
"Cuando se realiza la calificación de la propuesta técnica, independientemente de las empresas que se presentaban las cuales eran muy grandes y con prestigio, gana una desconocida. Se hace la calificación y una vez que se efectúa, arbitrariamente, se coloca un requisito de descontar dos metros cúbicos del piloto", agregó,
El exprocurador subrayó que la Fiscalía investiga un posible acto clandestino de concertación a raíz de estas condicionantes para defraudar al Estado, lo que encajaría en el delito de colusión.
El 12 de abril, día de las elecciones generales, Galaga incumplió con la entrega oportuna de material en 75 locales de votación del sur de Lima, lo que obligó al JNE a extender el horario y más de 52 mil ciudadanos tuvieron que sufragar al día siguiente. La ONPE activó un plan de contingencia y luego anunció acciones legales contra la empresa.
Antecedentes de Galaga
La compañía, fundada en 2010, acumula más de S/ 36 millones en contratos públicos y ya había sido sancionada por la ONPE con penalidades que suman S/ 64.000. Pese a ello, fue adjudicada con un contrato de S/ 6,3 millones para estas elecciones.
La Dirección Contra la Corrupción de la Policía Nacional detuvo en flagrancia al gerente de Gestión Electoral de la ONPE, José Samamé Blas, responsable de solicitar el servicio y firmar los términos de referencia del contrato con Galaga. Además, se implicó al jefe de Administración de la ONPE, Edward Alarcón Gonzáles, quien firmó el acuerdo pese a los antecedentes de incumplimiento de la empresa.
El caso Galaga expone serias falencias en la contratación pública de la ONPE y abre un frente de investigación por presunta corrupción. La Fiscalía deberá determinar si hubo colusión y si funcionarios favorecieron a la empresa, mientras que la ciudadanía exige garantías para que el derecho al voto no vuelva a ser vulnerado.
