Tensión diplomática
14/07/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad / Actualizado al 14/07/2026
La muerte de Johan Sebastián Durán Guerrero, un joven colombiano de 26 años, durante un operativo del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas ('ICE' por sus siglas en inglés) en Biddeford, Maine, provocó una fuerte reacción del presidente Gustavo Petro, quien calificó el hecho como un "asesinato" y pidió que los responsables paguen por el homicidio.
El mandatario exigió una respuesta inmediata del Gobierno de Estados Unidos y acciones jurídicas del servicio exterior colombiano, elevando el caso a un nivel diplomático.
El caso colombiano
Durán, oriundo de Bucaramanga, fue abatido el lunes 13 de julio cuando agentes del ICE intentaron detener su vehículo. La versión oficial sostiene que el joven puso en riesgo a los oficiales al intentar escapar, pero testigos aseguran que el auto se desplazaba sin control tras los disparos.
Lo más grave es que Durán, según información rescatada por CNN, contaba con número de Seguro Social y autorización legal para trabajar, lo que confirma que no era el objetivo del operativo. El FBI y la Fiscalía de Maine investigan el caso, mientras organizaciones de derechos humanos denuncian un uso excesivo de la fuerza y la ausencia de cámaras corporales en los agentes.
Petro, en sus declaraciones a través de X, subrayó que Durán fue asesinado "por creerlo un ser inferior y sin derechos", y lo consideró víctima de persecución estatal contra un grupo civil. El presidente colombiano pidió un pronunciamiento de Donald Trump y advirtió que el caso no puede quedar impune.
Otro caso en Houston
La polémica se intensificó porque apenas seis días antes, el 7 de julio, otro inmigrante murió en circunstancias similares. Se trató de Lorenzo Salgado Araujo, mexicano de 52 años, trabajador de la construcción en Houston, Texas.
El hombre fue abatido por agentes del ICE cuando se dirigía al trabajo con compañeros, tras confundir la camioneta en la que viajaba con la de un objetivo de deportación. El Departamento de Seguridad Nacional reconoció posteriormente que se trató de un error de identidad.
Las dos muertes en menos de una semana han desatado una crisis de legitimidad para el ICE. En ambos casos, las víctimas no eran los objetivos originales de los operativos y contaban con residencia prolongada o permisos de trabajo. Tras la presión política y social, el ICE ordenó suspender las detenciones de vehículos a nivel nacional, salvo en casos de personas con antecedentes graves.
La condena de Petro convierte el caso colombiano en un asunto diplomático de primer orden, mientras crece el debate sobre la necesidad de reformar los protocolos de actuación y garantizar los derechos humanos en los operativos migratorios de Estados Unidos.
