16/02/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad / Actualizado al 16/02/2026
El Ministerio de Educación (Minedu) informó que, entre el 14 de octubre de 2025 y el 12 de febrero de 2026, se ha separado en todo el país a 273 personas —243 docentes y 30 administrativos— que trabajaban en 250 colegios públicos y 23 privados, por estar procesadas o condenadas por delitos graves.
De acuerdo con el reporte oficial, 254 casos corresponden a delitos de violación de la libertad sexual (226 docentes y 28 administrativos). Además, se registraron 9 casos vinculados a terrorismo y apología del terrorismo, 7 casos de proposiciones sexuales a menores mediante medios tecnológicos, 2 casos de tráfico ilícito de drogas y 1 caso de secuestro.
Del total, 57 personas fueron separadas de manera definitiva al contar con sentencias condenatorias emitidas por el Poder Judicial, mientras que 216 fueron apartadas de forma preventiva mientras se desarrollan los procesos judiciales. Asimismo, el panorama muestra que la gran mayoría del personal docente muestra una preocupante tendencia a los delitos relacionados a la libertad sexual.
Cifras del 2026
El ministro de Educación, Jorge Figueroa, señaló que su gestión trabaja de manera permanente para "desterrar de las instituciones educativas a los malos elementos infiltrados en el magisterio", con el objetivo de que las escuelas sean lugares seguros y que los estudiantes puedan aprender sin riesgos.
Solo en lo que va del año, el Minedu ha separado a 152 personas (134 docentes y 18 administrativos) por delitos graves. La mayoría de estos casos corresponde a violación de la libertad sexual, con 143 personas involucradas, seguido por 4 casos de proposiciones sexuales a menores mediante medios tecnológicos.

La medida del Minedu refleja una política de tolerancia cero frente a delitos graves en el ámbito educativo. La magnitud de los casos, especialmente los relacionados con violencia sexual, evidencia la necesidad de fortalecer los mecanismos de control y depuración dentro del sistema escolar.
La separación preventiva de quienes aún enfrentan procesos judiciales busca proteger a los estudiantes mientras se determina su responsabilidad, aunque también plantea el reto de garantizar que estas decisiones se mantengan dentro del marco legal y respetando el debido proceso.
Así, la acción del Minedu busca enviar un mensaje claro: las instituciones educativas deben ser espacios seguros y libres de riesgos, donde la prioridad es el bienestar de niños y jóvenes.

