Sanción parlamentaria
07/05/2026 / Exitosa Noticias / Exitosa perú / Actualizado al 07/05/2026
Tras la decisión del Pleno del congreso de inhabilitar por diez años a Delia Espinoza tras una votación que alcanzó los setenta votos a favor. Esta medida se fundamenta en presuntas infracciones constitucionales cometidas al investigar a parlamentarios, marcando un precedente crítico en el equilibrio de poderes estatales.
Argumentos de la defensa y respuesta legal
En diálogo con Exitosa, el abogado Rodolfo Pérez explicó que la decisión tomada por el Parlamento peruano carece de un sustento jurídico sólido y responde a una estrategia política. Pérez sostiene que el Legislativo procedió con celeridad porque sabía que el Poder Judicial anularía una sanción previa contra la magistrada la próxima semana.
"El Congreso lo ha hecho porque sabe que la primera inhabilitación de la doctora, muy pronto va a ser anulada por el Poder Judicial de todas maneras", indicó el especialista.
La defensa argumenta que esta nueva resolución busca asegurar que Espinoza no ejerza cargos públicos, adelantándose a los tiempos judiciales. Esta situación expone una tensión directa entre las facultades de control político del Congreso y la autonomía de las decisiones del sistema de justicia peruano.
"Necesitan otra para cuestionarla judicialmente y seguir dilatando su retorno al Ministerio Público, pues la acusación del Congreso nunca tuvo sustento jurídico real", aclaró.
Impacto en el sistema político y judicial
La inhabilitación de Delia Espinoza se originó tras los informes que cuestionaron su decisión de denunciar constitucionalmente a diversos legisladores en funciones. Mediante la decisión del Congreso, se explica que el informe final señala que se afectaron principios del debido proceso contemplados en la ley nacional vigente.
Los congresistas que impulsaron la medida defendieron la inviolabilidad del voto parlamentario como una garantía constitucional inalienable. Argumentaron que investigar a un representante de la nación por sus opiniones o votos constituye una interferencia directa y prohibida en las labores esenciales del Poder Legislativo.
Esta sanción impone una barrera de una década para que la abogada pueda integrar cualquier organismo del aparato estatal en el Perú. No obstante, la vigencia de esta inhabilitación de Delia Espinoza por infracción constitucional dependerá de las próximas resoluciones que emita el Poder Judicial ante las apelaciones.
A pesar de la severidad del castigo, la magistrada continúa en sus funciones gremiales mientras se resuelven las controversias en la segunda instancia. El país observa con atención este desenlace legal, pues reafirma la protección jurídica sobre los votos y la inmunidad de los representantes elegidos por voluntad popular.
