Determinaron la existencia de amenazas de parte de ambos dirigentes
21/06/2023 / Exitosa Noticias / Exitosa perú / Actualizado al 21/06/2023
Tras años de litigio, el Ministerio Público de Arequipa logró que dos sindicalistas del gremio de trabajadores de Construcción Civil purguen condena en el penal de varones de Socabaya por el delito de extorsión en contra del consorcio San José Mapeco, que ejecutaba una obra en el distrito de Tiabaya.
El Primer Colegiado Supraprovincial Penal Permanente de Arequipa emitió su fallo favorable a la compañía e impuso una sentencia de 15 años de pena efectiva contra Genaro Jorge Tapia Quispe (secretario de Seguridad y Salud en el Trabajo) y José Rubén Díaz Díaz (secretario de defensa laboral), tras hallarlos responsables del delito antes mencionado en agravió del represente de la entidad constructora, Percy Rojas Cáceda.
Durante el proceso judicial, el Ministerio Público pudo corroborar, en primera instancia, que los denunciados obligaron en el 2018 al agraviado Percy Rojas Cáceda a pactar el cumplimiento de ciertos "requerimientos", bajo la conminación de paralizar la obra que ejecutaban en la Institución Educativa de Patasagua (Tiabaya).
En medio del litigio, la Fiscalía recogió medios probatorios (pruebas) que permitieron determinar la existencia de amenazas de parte de ambos dirigentes, a través de actos de violencia y desmanes, que tuvo repercusión en la ejecución de la referida construcción educativa.
Adicionalmente, los magistrados especializados que llevaron el caso impusieron una reparación civil de 1000 soles contra Ronald Medina Tejada, Giuliana Pastor Cuba y Juan Carlos Churata Quispe que deberán abonar ambos sentenciados. Cabe recalcar que, la decisión de encarcelación quedará suspendida hasta que se pague la suma de dinero por concepto de reparación civil.
En su momento, el secretario general del Sindicato de Trabajadores de Construcción Civil, Alfredo Punho, organizó un plantón en respaldo a ambos dirigentes y condenó el proceso judicial en contra de los agremiados. Además, aseguró que el litigio se llevó de manera irregular, por lo que pedirán la nulidad del proceso.
"Se les acusa de obligar a que aporten la cuota sindical, pero este aporte tiene una base legal (...) no se ha llevado un proceso correcto porque no hay ninguna prueba contundente que determine esta sanción. Vamos a interpelar la decisión, pedimos la anulación del proceso", declaró.
