Debilidad institucional
20/04/2026 / Exitosa Noticias / Exitosa perú / Actualizado al 20/04/2026
La historia de Elizabeth Olivera, profesora de danzas en San Martín de Porres, expone nuevamente las falencias del sistema judicial peruano frente a casos de violencia de género. Su expareja, Roberto Jesús Antón Ortiz, denunciado por acoso y por quebrantar reiteradamente una orden de alejamiento, ha sido liberado en varias ocasiones pese a incumplir las medidas de protección al menos siete veces.
Olivera relató que la relación con Antón Ortiz se extendió por casi siete años, durante los cuales afirma que sufrió episodios de abuso psicológico, emocional y físico. En 2023 decidió poner fin al vínculo y acudió a la justicia, que dictó medidas de protección prohibiendo al acusado acercarse a menos de 200 metros y establecer cualquier tipo de contacto.
Incumplimientos reiterados
Desde el año pasado, la denunciante señaló que Antón Ortiz quebrantó estas restricciones en al menos siete oportunidades. La víctima señaló que la vigilaba en redes sociales, enviaba mensajes intimidatorios y se presentaba en su lugar de trabajo, perturbando tanto su vida cotidiana como profesional.
"Me vigilaba en todos los lugares donde yo iba. Se aparecía en los lugares donde yo estaba, preguntaba por mí y enviaba a sus amigos a seguirme por redes sociales", declaró a Latina Noticias.
Detenciones sin prisión preventiva
En dos ocasiones, la policía detuvo al sujeto en flagrancia mientras incumplía la orden de alejamiento. Sin embargo, después de la segunda vez, tras cumplir las 48 horas estipuladas por la ley, fue liberado sin que se dictara prisión preventiva.
"Ya esta orden de alejamiento él la ha quebrado prácticamente hasta en siete oportunidades. ¿Cuántas veces más la tiene que romper él para que ya accionen en darle una orden preventiva?", cuestionó Olivera.
La afectada denunció también que no ha recibido citaciones ni información clara sobre el estado de la investigación. Ha tenido que acudir personalmente a los juzgados para solicitar recursos adicionales de protección. En uno de los incidentes más recientes, el acusado se acercó a Olivera durante una clase de baile, en presencia de alumnas y amigos, lo que quedó registrado en video.
El caso reabre la discusión sobre la efectividad de las medidas de protección y la respuesta del sistema judicial frente a la violencia de género. Organizaciones civiles y especialistas advierten que la falta de sanciones firmes genera un mensaje de impunidad y expone a las víctimas a riesgos mayores y, en el peor de los casos, a un desenlace trágico.
Canales de ayuda
El Ministerio de la Mujer recordó que las personas que sufren violencia de género pueden comunicarse con la Línea 100, disponible las 24 horas, o acudir a los Centros de Emergencia Mujer (CEM), donde se brinda atención legal, psicológica y social.
La liberación de Antón Ortiz pese a múltiples incumplimientos refleja la fragilidad institucional en la protección de víctimas de acoso. El caso de Elizabeth Olivera se convierte en un símbolo de la urgencia de reformas judiciales que garanticen sanciones efectivas y protección real frente a la violencia de género.
