Cobros irregulares
27/09/2026 / Exitosa Noticias / Judiciales / Actualizado al 27/09/2026
Una exdirectora de Huarochirí fue condenada en primera instancia luego de que la Fiscalía acreditara que solicitó S/100 a una madre de familia para asignar dos vacantes de primaria. El pago se coordinó mediante Yape y finalmente se entregó un adelanto de S/50 para ellos.
Pedido de dinero para las vacantes
El caso corresponde a Violeta Luyo, exdirectora de la Institución Educativa N.° 88232 Santa Rosa, ubicada en Santo Domingo de los Olleros, provincia de Huarochirí. Según el Ministerio Público, los hechos ocurrieron durante diciembre de 2023, cuando la docente estaba a cargo del colegio público.
El 16 de diciembre de 2023 Luyo solicitó S/100 a una madre para asignar dos vacantes de primaria destinadas a sus hijos. La acusación señala que la funcionaria entregó un número celular para efectuar el pago mediante la billetera digital Yape.
El primer adelanto fue realizado el 19 de diciembre y ascendió a S/50. Durante el juicio oral, la Fiscalía presentó la constancia del depósito efectuado desde un agente bancario. También incorporó testimonios de la madre de familia y de la titular de la cuenta receptora.
Entre los elementos considerados estuvo la Resolución Ministerial N.° 447-2020-MINEDU, relacionada con la gratuidad de la matrícula en instituciones educativas públicas. También se presentó el Informe N.° 281-2025-UGEL08C, que acreditó que Luyo era responsable del sistema SIAGIE del colegio presentado durante el juicio oral correspondiente.
Condena y medidas establecidas
El Poder Judicial impuso a Violeta Luyo cinco años de pena privativa de libertad suspendida por cohecho pasivo impropio. La sentencia establece además un periodo de prueba de tres años, durante el cual deberá cumplir reglas de conducta fijadas por la autoridad judicial correspondiente además.
La resolución también contempla cinco años de inhabilitación para ejercer cargos públicos. Asimismo, ordena pagar S/3.001 por concepto de reparación civil a favor del Estado y establece 365 días-multa, equivalentes a S/8.668,75, como parte de las sanciones impuestas en este caso según la resolución judicial.
La condena fue dictada luego de que durante el juicio oral se revisaran documentos, testimonios y registros relacionados con el pedido de dinero. La Fiscalía acreditó que el depósito realizado mediante Yape estaba vinculado con el trámite de las dos vacantes escolares del colegio correspondientes.
El caso corresponde a una sentencia de primera instancia y registra sanciones específicas contra la exdirectora. La pena privativa de libertad quedó suspendida, mientras la inhabilitación, la reparación civil y los días-multa fueron establecidos dentro de la resolución judicial emitida por el PJ.
