Justicia para víctimas
17/04/2026 / Exitosa Noticias / Judiciales / Actualizado al 17/04/2026
El streamer Cristopher Puente Viena, conocido popularmente como Cristorata, fue denunciado ante la Fiscalía por la Organización Nacional de Familiares de las Víctimas y Mártires del 2022-2023 tras sus recientes declaraciones discriminatorias. La denuncia penal surge tras una transmición en vivo donde el tiktoker atacó verbalmente a los ciudadanos de Puno y regiones del sur.
Estos hechos ocurrieron durante la difusión de los resultados de la ONPE, donde el influencer emitió frases cargadas de racismo. Según el presidente de la asociación, Raúl Samillán Sanga, el denunciado aprovechó su alcance digital para estigmatizar a una población que aún exige justicia.
Familiares de masacres exigen sanciones penales
La Organización Nacional de Familiares de Víctimas y Heridos de las masacres de 2022 y 2023 lideró la acción legal en Juliaca. Esta asociación, que agrupa a deudos del régimen de Dina Boluarte, sostiene que las ofensas de Puente Viena reabren heridas sociales en un contexto de alta sensibilidad.
Según el documento de la asociación de víctimas, Cristorata no solo lanzó insultos individuales, sino que generalizó un discurso de odio étnico-cultural. El texto judicial detalla que el streamer profirió frases denigrantes como "estos serranos son andinos burros" y otras expresiones que normalizan la violencia regional.
El abogado Pedro Castilla Torres también se sumó a las denuncias desde la región Ayacucho para defender la dignidad andina. Según la denuncia penal presentada, las afirmaciones de Puente Viena constituyen actos de deshumanización que deben ser sancionados bajo el segundo párrafo del Artículo 323 del Código Penal.
Agravantes por uso de plataformas digitales
La fiscalía investiga el caso considerando que la difusión masiva por internet agrava la responsabilidad penal del creador de contenido. Al haber utilizado plataformas como Kick para emitir insultos racistas y estigmatizantes, el denunciado podría enfrentar penas privativas de libertad efectivas por sus acciones.
Las instituciones de defensa de derechos humanos han solicitado pericias antropológicas para evaluar el impacto del discurso en la población. Según los representantes legales de las víctimas, este tipo de comportamientos digitales refuerza prejuicios históricos y socava los esfuerzos de reconciliación nacional tras los sucesos de 2023.
El desenlace de este caso marcará un precedente legal sobre la responsabilidad de los influencers frente a la población puneña. La denuncia de la Asociación de Víctimas de Dina Boluarte contra Cristorata reafirma que las expresiones racistas en las Elecciones 2026 no quedarán impunes ante la Fiscalía de Puno. El proceso contra Cristorata marca un hito en la justicia digital peruana frente a la discriminación e incitación al odio.
