Tras disolución del Congreso
24/05/2023 / Exitosa Noticias / Mundo / Actualizado al 24/05/2023
El Consejo Nacional Electoral (CNE) anunció que los ecuatorianos deberán participar en elecciones presidenciales y legislativas anticipadas el 20 de agosto. Estos comicios se llevarán a cabo luego de la disolución del Congreso por parte del presidente de derecha Guillermo Lasso, quien invocó su facultad constitucional debido a una "grave crisis política y conmoción interna". El mandatario estaba siendo sometido a un juicio político por presunto peculado, impulsado por la mayoría opositora del Legislativo.
Elecciones Generales
En una sesión que se extendió hasta la madrugada, el CNE aprobó la fecha de las elecciones anticipadas, con la posibilidad de un balotaje el 15 de octubre si es necesario.
Según el calendario establecido por el CNE, se entregarán las credenciales a los asambleístas el 26 de octubre, y la Asamblea Nacional deberá autoconvocarse de forma inmediata para entrar en funciones.
La Asamblea Nacional tiene la responsabilidad de investir al presidente y vicepresidente. Sin embargo, la credibilidad institucional del Congreso disuelto era muy baja, alcanzando apenas el 2% de acuerdo con una encuesta realizada por la empresa Perfiles de Opinión. Ecuador ha permanecido en calma tras la disolución del Legislativo, a pesar de la inseguridad asociada al narcotráfico y la desconfianza ciudadana hacia la Asamblea Nacional.
Baja Credibilidad
Guillermo Lasso, de 67 años, presentará su informe anual de trabajo este miércoles, pero el acto se llevará a cabo en la Plataforma Gubernamental Sur en lugar del hemiciclo de la Asamblea Nacional. Posteriormente, el presidente viajará a Estados Unidos para recibir atención médica y se espera que regrese el próximo domingo.
La Constitución de 2008 permite la reelección presidencial por un solo período. A pesar de que la credibilidad de Lasso cayó al 10% en dos años, podrá postularse nuevamente sin que se considere una reelección, según las autoridades electorales. Mientras tanto, en ausencia del Congreso, el presidente tiene la facultad de gobernar emitiendo decretos-leyes de urgencia económica, previo dictamen favorable de la Corte Constitucional (CC).
Organizaciones sociales e indígenas han manifestado su vigilancia sobre los decretos-leyes emitidos por el Ejecutivo en materia económica, ya que acusan al gobierno de mantener políticas neoliberales que afectan el costo de vida. El martes, Guillermo Lasso emitió un decreto-ley que contempla reformas a varias leyes para la creación de nuevas zonas francas en áreas deprimidas y fronterizas, además de enviar a la CC una serie de reformas tributarias para ampliar los deducibles en el cálculo del impuesto a la renta de los trabajadores.
