Respuesta opositora
28/01/2026 / Exitosa Noticias / Mundo / Actualizado al 28/01/2026
La líder opositora venezolana María Corina Machado respondió al pedido del presidente colombiano Gustavo Petro, quien solicitó que Nicolás Maduro sea liberado y juzgado en Venezuela en lugar de Estados Unidos. Tras reunirse con el Secretario de Estado norteamericano, Marco Rubio, Machado cuestionó duramente la propuesta y advirtió sobre la falta de independencia judicial en su país.
"Son pocos los jefes de Estado que conocen el verdadero monstruo del régimen venezolano como lo conoce el presidente de Colombia, Gustavo Petro. Yo me pregunto si está al tanto de que cualquier juez en Venezuela que emita una sentencia contraria a los intereses del régimen puede terminar como terminó la última jueza que hizo ello: María Lourdes Afiuni. Hugo Chávez ordenó meterla presa", declaró Machado.
Asimismo, agregó que desde la instauración del chavismo en Venezuela, no ha existido sentencia judicial alguna contra los allegados o pertenecientes al régimen, por lo que la idea de que Maduro se enfrente a un tribunal que claramente fallaría a su favor, resultaría ilógica.
"Entonces, ¿son esos jueces los que piensa el presidente de Colombia que van a juzgar a Nicolás Maduro? No ha habido una sola sentencia en contra del régimen, de modo que [en el caso de Maduro], la justicia internacional sí ha actuado. Y nosotros agradecemos que se haya aplicado la ley".
El caso de María Lourdes Afiuni
La referencia de Machado apunta a un episodio emblemático de la subordinación del sistema judicial venezolano al chavismo. En 2009, la jueza María Lourdes Afiuni fue encarcelada por orden directa de Hugo Chávez, luego de dictar una medida de libertad condicional a un empresario detenido sin juicio.
El caso se convirtió en símbolo de la represión contra jueces que se apartan de las directrices del régimen, y organismos internacionales denunciaron violaciones a sus derechos humanos.
El planteamiento de Petro resulta difícil de sostener en la práctica. Como ya se analizó, el chavismo concentra todo el poder estatal, incluyendo el sistema judicial, lo que haría inviable un proceso independiente contra el líder depuesto. Machado refuerza esa crítica, al recordar que no existe antecedente de una sentencia adversa al régimen en más de dos décadas.
La respuesta de María Corina al pedido de Gustavo Petro pone en evidencia la contradicción de confiar en un sistema judicial que ha demostrado estar subordinado al chavismo. El caso de la jueza Afiuni es un recordatorio de cómo cualquier intento de independencia ha sido castigado con cárcel.
En ese contexto, la propuesta de Petro luce más simbólica que realista, y la oposición venezolana insiste en que solo la justicia internacional podría garantizar un proceso imparcial contra Nicolás Maduro.
