Expresidentes en situación crítica
26/11/2025 / Exitosa Noticias / Política / Actualizado al 26/11/2025
El presidente del Congreso de la República, Fernando Rospigliosi (Fuerza Popular), informó que el día de mañana, jueves 27 de noviembre, el Consejo Directivo de este poder del Estado fijará el día en que el Pleno debatirá y votará los informes finales de las denuncias constitucionales contra los expresidentes Martín Vizcarra, Pedro Castillo y la suspendida fiscal suprema Delia Espinoza.
En diálogo con los medios de comunicación, el parlamentario adelantó, que "propondrá" que los temas se pongan en agenda para la sesión plenaria del miércoles 3 de diciembre, puesto que, la semana siguiente estarán en la última semana de representación del 2025.
Casos de expresidentes:
La sesión podrá tener una particularidad muy singular, debido a que para esa fecha ya estarían empezando a cumplir condena los dos exmandatarios acusados por el Parlamento. Martín Vizcarra ha sido sentenciado a 14 años de cárcel, este miércoles 26 de noviembre, mientras que Pedro Castillo recibirá su sentencia el día de mañana, a partir de las 9:00 a. m.
A nivel parlamentario, la Comisión Permanente aprobó a finales de septiembre, el informe final que recomienda acusar al expresidente Martín Vizcarra Cornejo, por los delitos de negociación incompatible o aprovechamiento indebido de cargo y nombramiento ilegal, en agravio del Estado, por la designación de Daniel Soria Luján como procurador general del Estado, pese a no cumplir los requisitos necesarios.
Sobre Pedro Castillo Terrones, también la Comisión Permanente respaldó el informe de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales por el caso 'golpe de Estado'. El texto acusatorio propone inhabilitarlo de la función pública por 10 años y por este mismo hecho, podría recibir una condena de hasta 34 años de cárcel por parte del Poder Judicial.
Caso de Delia Espinoza:
La Comisión Permanente del Congreso aprobó en su sesión del 25 de noviembre, el informe final que recomienda su inhabilitación para el ejercicio de cargos públicos por 10 años, por presuntamente incurrir los numerales 1 y 4 del artículo 159, y los artículos 38, 103, 109 y 166 de la Carta Magna.
Sobre el caso concreto que busca inhabilitarla de la administración pública, Delia Espinoza aseveró que no participó en la elaboración del reglamento que presuntamente transgredía la Ley 32130, ni tampoco dicha norma fue emitida por la Junta de Fiscales Supremos (JFS). En esa línea, mencionó que la propia Secretaría de la JFS presentó un informe a la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales donde señala que la deslinda de cualquier acuerdo o redacción del documento en cuestión.
Según este grupo parlamentario, la ley y su reglamento le habrían generado la comisión de los delitos de abuso de autoridad, falsedad genérica, prevaricato, y posible instigación del delito de usurpación de funciones policiales, por haber emitido la Resolución 2246-2024, de fecha 14 de octubre del 2024, la cual incurría la Ley que modifica el Código Procesal Penal, Decreto Legislativo 957, para fortalecer la investigación del delito como función de la Policía Nacional del Perú y agilizar los procesos penales.
Ante la posibilidad de quedar fuera del sector público, Espinoza dejó a entrever que el procedimiento parlamentario obedece a una represalia en su contra, luego de que durante su gestión haya formulado sendas denuncias constitucionales contra cerca de 30 parlamentarios por aparentemente tener alguna conducta delictiva.
